Femenicidios disminueron en las últimas semanas en la ciudad. La región registra avances en la sanción de feminicidios, pero enfrenta un preocupante aumento de denuncias y una limitada capacidad de respuesta policial y fiscal.

SON 146 MIL CASOS EN 6 AÑOS

Arequipa atraviesa un momento contradictorio en la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Si bien las cifras de feminicidios consumados muestran una reducción sostenida en los últimos tres años —18 casos en 2023, ocho en 2024 y cinco en lo que va del 2025—, las denuncias por violencia familiar siguen en aumento, revelando la persistencia de un problema estructural que desborda la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de prevenir y sancionar estos delitos.

De los cinco feminicidios registrados en 2025, cuatro presuntos responsables cumplen prisión preventiva, lo que refleja una mayor diligencia en la actuación fiscal y judicial. Sin embargo, los especialistas advierten que el descenso de los casos más extremos no necesariamente significa una mejora integral. “La disminución de feminicidios puede responder a factores coyunturales, pero la violencia sigue presente en distintas formas: psicológica, económica, sexual. Lo que cambia es su expresión letal”, explica la socióloga María Antonieta Paredes, integrante de la Red Interamericana de Prevención de Violencia de Género.

MAS DENUNCIAS MENOS PROTECCION

El Ministerio Público de Arequipa ha reportado un incremento de denuncias por agresiones físicas y psicológicas en los últimos dos años. La mayoría proviene de los distritos más poblados de la provincia, como Cerro Colorado, Paucarpata, Alto Selva Alegre y el Cercado. Solo en el primer semestre de 2025, las Fiscalías de Familia recibieron más de 8 mil denuncias, cifra superior a la del mismo periodo de 2024.

Para las autoridades, este aumento puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, revela un mayor nivel de denuncia y confianza en las instituciones; pero, por otro, refleja que el sistema aún no garantiza la protección ni la reparación integral a las víctimas. “La sobrecarga procesal en las fiscalías y juzgados es alarmante. Tenemos fiscales con más de 600 expedientes activos, lo que impide realizar un trabajo de seguimiento real”, reconoció una fuente del Ministerio Público.

Actualmente, Arequipa cuenta con cinco comisarías de familia —una cifra insuficiente para una región de más de un millón de habitantes— y 101 comisarías regulares, que atienden también delitos comunes. Esta cobertura limitada dificulta el seguimiento de las denuncias y la protección oportuna de las víctimas. En muchos casos, las mujeres deben desplazarse grandes distancias para presentar una denuncia o pedir medidas de protección, especialmente en zonas rurales o periurbanas.

La Policía Nacional ha reconocido la necesidad de fortalecer sus unidades especializadas. “No basta con recibir la denuncia. Se requiere personal capacitado, equipos multidisciplinarios y recursos para hacer un acompañamiento efectivo”, señaló el jefe de la División de Familia de Arequipa, coronel Luis Reinoso.

A ello se suma la escasez de psicólogos, abogados y trabajadores sociales en las Unidades de Protección Especial (UPE) y en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que dependen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Aunque existen 30 CEM en la región, muchos funcionan con personal reducido o en turnos limitados, lo que afecta la atención inmediata en casos de riesgo.

Un problema que trasciende al sistema penal

Los especialistas coinciden en que la violencia de género no puede abordarse solo desde el ámbito penal. Las causas estructurales —desigualdad, dependencia económica, estereotipos y normalización de la violencia— requieren políticas preventivas sostenidas. “Mientras no se trabaje con hombres agresores ni se refuercen los programas educativos desde la infancia, los esfuerzos seguirán siendo reactivos”, advierte la abogada Claudia Flores, del colectivo Ni Una Menos Arequipa.

De hecho, en los últimos meses, el MIMP ha relanzado programas comunitarios de prevención y campañas en colegios, pero con presupuestos reducidos. En contraste, los casos judicializados y las medidas de protección continúan creciendo. Según datos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en lo que va del año se han dictado más de 9,500 medidas de protección, aunque muchas no logran ejecutarse a tiempo por falta de coordinación entre juzgados y comisarías.

El reto de una atención integral

Para revertir la situación, la Defensoría del Pueblo ha recomendado fortalecer la articulación entre la Policía, el Ministerio Público, los gobiernos locales y el Poder Judicial, además de crear más comisarías de familia y mejorar el seguimiento de las víctimas con medidas de protección. “La violencia contra la mujer no puede atenderse con respuestas fragmentadas. Se necesita una ruta integral, con metas medibles y evaluación permanente”, señaló la defensora del Pueblo en Arequipa, Cecilia Mendoza.

Mientras tanto, cada nuevo caso vuelve a poner en evidencia las fallas del sistema. El reciente crimen registrado en Corire, que aún no ha sido incorporado a las estadísticas oficiales, demuestra que la violencia letal persiste y puede reactivarse en cualquier momento.

Arequipa ha logrado avances en sanción y visibilización, pero la deuda sigue siendo profunda: proteger de manera efectiva a las víctimas antes de que las agresiones escalen al feminicidio. Reducir las cifras no basta si no se transforma la realidad que las produce. El desafío está en construir una ciudad donde la prevención, la justicia y la igualdad sean una práctica constante, y no solo un propósito de los informes anuales.