Por: Carlos Meneses

Si el Presidente aspira a recuperar la confianza, debe acompañar la ofensiva con transparencia, control civil, respeto a las garantías individuales y una política de largo plazo que combine prevención social, reforma policial y fortalecimiento judicial. La seguridad no se conquista sólo con discursos y operaciones ocasionales: se construye con instituciones sólidas y políticas públicas sostenibles que den resultados y protejan la democracia.

El anuncio del presidente José Jerí de una “actualización” del estado de emergencia en Lima y Callao, con “medidas complementarias” y un mensaje directo a los criminales —“Cada movimiento que hagan, los vamos a seguir. Cada acción que hagan, vamos a golpear”— revela la urgencia del Ejecutivo por mostrar mano dura ante la ola de inseguridad que angustia a la ciudadanía. Sin embargo, la fuerza del discurso no puede sustituir la claridad de los objetivos ni la rendición de cuentas sobre lo que realmente cambiará en la práctica.

El recurso de declarar estados de excepción no es nuevo en la agenda peruana: en octubre se decretó una medida similar por 30 días para permitir la participación de las Fuerzas Armadas junto a la Policía en labores de orden público. La experiencia internacional y nacional muestra que sin una estrategia integral —con indicadores claros, plazos y control civil— estas medidas corren el riesgo de ser paliativos temporales que no atacan las causas ni fortalecen las instituciones encargadas de la seguridad.

Es preocupante aún es el lenguaje bélico empleado por la jefatura del Estado. “Golpear” a la delincuencia suena eficaz en titulares y mitines, pero puede normalizar respuestas que vulneren derechos, debiliten el control judicial y compliquen la supervisión sobre el uso de la fuerza. La seguridad debe ganarse con inteligencia, investigación criminal, reformulación policial, mejor intercambio de información y mayor eficacia del sistema de justicia, no sólo con medidas punitivas que carezcan de transparencia.

La ciudadanía exige resultados concretos: reducción sostenida de homicidios, esclarecimiento de bandas criminales, menor extorsión y resultados medibles en tiempos razonables. Para lograrlo hacen falta recursos dirigidos a investigación criminal, protección de testigos, reformas en la lucha contra antenas ilegales y corrupción que facilitan la impunidad. El Gobierno debe publicar objetivos específicos de la “actualización” y someterlos a evaluación pública.