Por Carlos Meneses

La denuncia de Montero debe ser un punto de inflexión: o se limpia el sistema y se reafirma la autoridad del Estado, o se consolida el reino del oro sucio que, bajo la apariencia de legalidad, sigue enriqueciéndose a costa del país.

Las recientes declaraciones del exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, revelan una preocupante realidad que desnuda la profundidad del problema minero en el Perú. Según advirtió, los Reinfos —registros de formalización minera— y hasta los suspendidos se vendían abiertamente en mercados ilegales, utilizados para “blanquear” la extracción minera en zonas prohibidas. Un negocio que, a todas luces, evidencia cómo la formalización terminó convertida en una fachada para encubrir la ilegalidad.

Sí, como señaló Montero, bastaban “cuatro papeles” para reactivar un Reinfo suspendido, el problema no solo está en quienes aprovecharon el sistema, sino en un Estado incapaz de garantizar la integridad de sus procesos. Detrás de cada documento vendido, hay una cadena de corrupción y negligencia institucional que permitió que miles de registros se transformaran en licencias para depredar los recursos naturales y lavar oro ilegal.

La denuncia del exministro es más grave aún cuando apunta hacia el Congreso. Según indicó, algunos parlamentarios de la Comisión de Energía y Minas impulsan una ampliación del Reinfo con claros fines electorales, buscando “un bolsón de votos” en plena precampaña. Si esto se confirma, estaríamos ante una utilización política de un instrumento creado para ordenar la minería, pero que hoy sirve para mantener el caos que beneficia a los ilegales y a quienes medran en la sombra.

El Reinfo, concebido en 2012 como una vía para integrar a los pequeños productores a la economía formal, se ha convertido en un sistema viciado, capturado por intereses particulares. De más de 80 mil registros, solo un reducido porcentaje realiza actividad minera real. El resto, según Montero, opera con papeles que se comercian como si fueran títulos de propiedad.

El Estado peruano no puede seguir postergando una reforma profunda del proceso de formalización. Urge cerrar los espacios de impunidad, fiscalizar con rigor y sancionar a los funcionarios que permitieron este tráfico. La minería ilegal no solo destruye el ambiente y genera violencia, sino que corroe la confianza ciudadana en las instituciones.