Por Jorge Turpo R.

Testimonio de los familiares de las víctimas que siguen esperando justicia. El abogado Arturo Salas Vildoso espera que el control de acusación se realice en las siguientes semanas luego que los responsables fueron identificados plenamente.

CRÓNICA DE LA PROTESTA EN 2022-2023

Cuando el país ardía entre diciembre de 2022 y enero de 2023, las calles se llenaron de piedras, gases y gritos. Nadie sabía si estaban protestando por el futuro o por la costumbre de perderlo. La caída del expresidente Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte encendieron una crisis que se extendió como fuego sobre pasto seco. Las marchas no solo pedían justicia, pedían sentido. El Estado respondió con balas.

En todo el país, cuarenta y nueve personas murieron. Tres de ellas en Arequipa. Tres vidas que no salieron en las estadísticas del poder, sino en las oraciones de sus familias.
Tres nombres que la memoria se niega a archivar: Miguel Arcana, Jhan Carlos Condori Arcana y Xavier Candamo Dasilva.

Han pasado tres años. No hay sentencias, ni culpables, ni perdón.

EL PRIMERO

El 12 de diciembre de 2022, Miguel Arcana cayó a pocos metros del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. No era dirigente ni agitador. Era un obrero que, como muchos, salió a mirar el humo de lejos y terminó dentro de él.

Tenía 35 años. Era el menor de seis hermanos. Vivía con su madre en el Cono Norte de Arequipa y trabajaba en construcción.

Manuel, su hermano mayor, me habla en pasado como si cada verbo doliera. «A Miguel lo mataron sin razón. No estaba protestando. Salió a mirar qué pasaba y no volvió», dice.

Las pericias fiscales confirmaron que el disparo salió desde la Comisaría de Ciudad Municipal. El parte médico anotó: trauma torácico abierto por impacto de proyectil de arma de fuego. La muerte, en los papeles, siempre es una frase técnica.

Cuando se conoció su caso, algunos medios y agentes policiales sugirieron que Arcana era un delincuente con antecedentes penales. «Eso quisieron hacer creer», responde Manuel. «Mi hermano tuvo problemas, sí, pero cumplió su condena y se reinsertó. Lo que hicieron fue matarlo dos veces, con la bala y con la mentira».

El abogado Arturo Salas Vildoso, de Solidaria Perú, representa a los tres casos. Según la investigación, el suboficial de la policía Paul Alonso Quenta Huamán fue el autor del disparo que mató a Miguel. También se incluyó en la investigación al capitán Marvin Antonio Vergaray Saldarriaga, quien estuvo a cargo de la comisaría aquel día.

Desde que Miguel murió, su ausencia empezó a ocupar demasiado espacio en casa. «Mi hermano René no soportó su ausencia, eran muy unidos. Cayó en depresión y murió el año pasado. Se fue de tristeza», cuenta Manuel.

Así, una bala mató a dos hombres. Uno de golpe, otro lentamente.

EL SEGUNDO

A setecientos kilómetros de Arequipa cayó otro hombre.
Xavier Candamo Dasilva, era de Iquitos. Había viajado a Chala buscando trabajo en los asientos mineros. Tenía 27 años y una hija de seis meses. Soñaba con regresar pronto, pero el 10 de enero de 2023, en medio de la protesta, una bala lo alcanzó en el pecho.

Su cuerpo viajó de regreso a Iquitos. En la selva, su madre lo esperó con flores y su bebé lo esperó con hambre. «Su niña nunca lo conoció», recuerda su pareja.

Según la investigación, el suboficial PNP Rolando Luis Rojas Rojas fue el autor del disparo. Los oficiales: Miguel Ángel Cayetano Cuadros, Américo Berlanga Valdivia y Luis Pacheco Mesías fueron identificados como responsables de mando.

La historia de Xavier condensa la paradoja de la pobreza. Fue a trabajar para vivir mejor y murió trabajando lejos de casa.

EL TERCERO

El 19 de enero de 2023, Jhan Carlos Condori Arcana, sobrino de Miguel, salió temprano a trabajar. Era albañil. Vivía en Cerro Colorado, tenía 32 años y dos hijas pequeñas. «Preparé el desayuno para mis hijas, como siempre», me cuenta su pareja, Candy Roque. «Él salió a trabajar y en la tarde, cuando regresaba a casa, le dispararon». Seis perdigones de plomo le destrozaron el cuerpo. Nunca volvió.

El ataque ocurrió cerca del aeropuerto. Condori no protestaba. Caminaba a casa. La necropsia confirmó que los proyectiles eran de plomo, munición prohibida para el control de disturbios. La Fiscalía identificó al suboficial PNP Rembert Rodríguez Rosado, como autor de los disparos y al mayor Fernando Davis Salinas Ortiz, como responsable de mando.

«Mi hija mayor tiene catorce años y recibe apoyo psicológico. La menor tenía tres cuando murió su papá. Apenas lo recuerda. Yo no sé cómo explicarles que lo mataron sin motivo».

Candy trabaja en la boletería de la Ruta del Sillar en las canteras de Añashuayco. «Ahora yo trabajo para sacar adelante a mis hijas, me tuve que ir a vivir a la casa de una tía, porque no me alcanza para que vivamos solas», dice.

El caso de Condori fue uno de los primeros en judicializarse. Tres años después, el expediente sigue esperando su audiencia de control de acusación.

JUSTICIA EN PAUSA

Los tres casos —Arcana, Condori y Candamo— están listos para el control de acusación. En teoría, la Fiscalía debe formular sus cargos ante el juez. En la práctica, todo depende de un calendario invisible. «Estamos esperando que el Ministerio Público acuse. Una vez que eso ocurra, iremos a juicio», dice Salas.

El abogado recuerda que la investigación se retrasó cuando la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió centralizar los casos en Lima bajo las fiscalías especializadas. «Eso nos quitó meses. Luego hubo rotación de fiscales, algunos sin experiencia. Cada cambio era empezar otra vez».

Aun así, las carpetas avanzaron con peritajes balísticos, informes forenses, declaraciones de testigos. Las pruebas se muestran contundentes.

BOLUARTE Y EL ARCHIVO

El Congreso archivó la acusación constitucional presentada por la exfiscal Benavides contra Dina Boluarte por las 49 muertes en las protestas. Pero eso no la absuelve. «Los tres casos de Arequipa y de otras regiones, no fueron incluidos», explica Salas. «Un nuevo fiscal de la Nación podría abrir una nueva acusación. Boluarte sigue siendo responsable política y moral. Era la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales cuando murieron», agrega.

Muchos de los que hoy critican a los jóvenes por salir a marchar olvidan que ellos mismos —o sus padres— también protestaron, por ejemplo, en Arequipa en 2001, contra la privatización de EGASA. ¿Esa protesta sí fue legítima y las de ahora no? La violencia de unos cuantos nunca ha quitado legitimidad al reclamo de miles. El problema no es la existencia del desorden, sino la facilidad con la que el poder usa ese desorden como excusa para reprimir.

A fines de 2025, los tres casos de muertes en Arequipa siguen en pausa. Falta la acusación formal, falta la audiencia, falta el juicio. Falta casi todo, menos el dolor.

«Lo que el Estado no podrá evitar», explica Salas, «es indemnizar. Todos murieron por proyectiles que solo usan la Policía o el Ejército. Eso es innegable», dice con cierto consuelo.

A veces, la única reparación posible es recordar. Porque en el Perú, donde la muerte se archiva y la verdad se posterga, recordar también es un acto político.