Por Carlos Meneses

El caso Betssy Chávez debe resolverse en estricto respeto al derecho internacional, pero también a la soberanía judicial del Perú. Defender la justicia no es un acto de venganza, sino una afirmación del Estado de derecho. Solo así el país podrá mantener coherencia ante sus ciudadanos y credibilidad ante el mundo.

El anuncio del Gobierno peruano de que “dará a conocer el resultado” de la solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez, luego de realizar consultas con países de la OEA, abre un debate que trasciende el caso particular de la ex primera ministra. En el fondo, el país vuelve a mirar de frente un dilema que cruza lo jurídico y lo político: ¿hasta dónde llega el derecho de asilo y dónde empieza el deber de respetar la justicia nacional?

La Convención de Caracas de 1954 fue concebida en tiempos en que América Latina vivía bajo dictaduras y persecuciones ideológicas. Su espíritu fue proteger a quienes eran víctimas de regímenes autoritarios. Hoy, sin embargo, los escenarios son distintos. En democracias con instituciones judiciales en funcionamiento, invocar ese mismo instrumento para evitar el cumplimiento de sentencias o procesos judiciales legítimos distorsiona su sentido original.

El comunicado de la Cancillería peruana, al señalar que el derecho de asilo “se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos”, expresa una preocupación legítima. Si la figura del asilo se utiliza como escudo para quienes enfrentan cargos por delitos comunes, se erosiona la confianza entre los Estados y se debilita la lucha regional contra la impunidad.

México, que ha ofrecido asilo a Betssy Chávez, actúa conforme a su tradición diplomática, pero también debe reconocer que la cooperación judicial y el respeto mutuo entre naciones son pilares esenciales de la convivencia democrática. El Perú, por su parte, tiene la obligación de sostener su posición con prudencia y firmeza, evitando que el caso se convierta en un conflicto político o diplomático que dañe las relaciones bilaterales.

La propuesta del Gobierno peruano de impulsar una revisión de la Convención de Caracas ante la OEA es oportuna. América Latina necesita actualizar sus marcos jurídicos a la luz de democracias consolidadas, donde el refugio político no sea pretexto para evadir la justicia.