Por: Juan Sheput – El Montonero

Aún recuerdo cuando –hace poco, en el mes de mayo– el premier Aníbal Torres desafiaba abiertamente a los congresistas Patricia Chirinos y Carlos Anderson a someterse, conjuntamente con él, a exámenes siquiátricos y de inteligencia respectivamente. Esa fue tan solo una de las burlas que en el propio hemiciclo, donde sesiona la representación nacional, se permitió hacer el presidente del Consejo de Ministros.

Tres meses después Torres vuelve a presentarse ante el pleno del Congreso a responder otro pleno interpelatorio. Sus allegados, tipo Vladimir Cerrón, se burlan del Congreso asumiendo que no pasará nada, ninguna censura, pues los temerosos congresistas no se atreverán a esa figura de control político, pues temen perder sus privilegios económicos. Esta aseveración, sin respuesta de congresista alguno, ha generado una serie de memes que con su repercusión en las redes contribuyen a devaluar la ya castigada imagen del parlamento.

Lo cierto es que hay responsabilidad política del Congreso en toda esta tragicomedia. Si Aníbal Torres vuelve a presentarse ante el pleno es porque en su momento no se le censuró, habiendo sustancia para ello. Haber retenido irresponsablemente a la población del país el 5 de abril pasado era un hecho más que suficiente para su censura. Pero el Congreso lo perdonó, no quiso usar su “bala de plata”, lo que llevó a que comentara que no hay peor batalla que la no se quiere dar y no hay peor munición que la no se quiere usar. Aníbal Torres salió fortalecido, el Congreso se debilitó aún más y los hechos pintorescos, la incapacidad y la corrupción en el Gobierno de Pedro Castillo continuaron enseñoreándose por todo lo alto.

El proceso de destrucción institucional que padecemos se debe en parte a que el Congreso no cumple con su labor. Lo reitero. La debilidad parlamentaria en cuanto al control político origina que los dislates, la mediocridad y los actos delictivos se generalicen en el manejo de la cosa pública. El control político tiene la gran ventaja, de allí su importancia, de su mayor velocidad con relación al desempeño del sistema de justicia. El juicio político puede cortar el daño que un funcionario le hace al país simplemente sobre la base de entender que el sujeto es indigno de ocupar el cargo que la república le ha encomendado.

¿Pero qué sucede cuando nos encontramos con un parlamento que privilegia los intereses de sus integrantes antes que los supremos intereses del Perú? Pasa lo que estamos viendo: el deterioro causado por personas como Pedro Castillo, Dina Boluarte y Aníbal Torres. Esperemos que el Congreso cambie de actitud política y empiece a actuar de acuerdo con la función que la Constitución le ha encomendado.