Por: Carlos Meneses

El llamado del JNE debe asumirse como una prioridad nacional. La democracia no se defiende únicamente en las urnas, sino garantizando que cada peruano pueda llegar a ellas sin miedo. En 2026, el país no puede permitirse retrocesos: la seguridad electoral es, hoy más que nunca, una obligación impostergable.

La advertencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, no puede pasar desapercibida. A meses de las Elecciones Generales 2026, la inseguridad ciudadana —que ya golpea a la vida cotidiana de millones de peruanos— se perfila ahora como un factor de riesgo directo para la integridad del proceso electoral. En un país donde la violencia, las extorsiones y las amenazas han ganado espacio, resulta indispensable asumir que la protección de candidatos, autoridades electorales y votantes no es solo un elemento logístico: es una condición básica para el ejercicio democrático.

Burneo fue claro al señalar que ninguna candidatura puede quedar expuesta a presiones criminales que busquen interferir en su participación. El Perú ya ha vivido episodios de violencia política en campañas anteriores, y la expansión del crimen organizado abre un nuevo flanco de vulnerabilidad. Ignorar este escenario sería irresponsable. La democracia requiere competencia libre y equitativa, y eso implica garantizar que ningún actor político se vea intimidado, condicionado o, peor aún, atacado.

El presidente del JNE también alertó sobre un riesgo que suele pasar desapercibido: el impacto de la inseguridad en la participación electoral. En zonas donde la presencia estatal es débil y la intimidación criminal es fuerte, los ciudadanos podrían optar por no acudir a votar. Ese ausentismo inducido por el miedo no solo distorsiona los resultados, sino que erosiona la legitimidad del sistema. Un proceso electoral no es pleno si los electores no pueden ejercer su derecho en un entorno de paz y confianza.

La Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, creada en mayo de 2025, representa un esfuerzo valioso para anticipar escenarios de riesgo. La participación conjunta de la PCM, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, la Policía, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la ONPE y el Reniec refleja que la seguridad electoral no es tarea de una sola entidad, sino de un Estado articulado. Sin embargo, estas reuniones deben traducirse en acciones concretas: planes operativos por regiones, protocolos frente a amenazas, despliegues preventivos y canales rápidos para atender alertas.

El reto es enorme. El país no solo enfrenta desafíos logísticos, sino también la necesidad de reinstalar la confianza en un sistema político desgastado. Asegurar elecciones seguras y libres de violencia será un primer paso indispensable para reconstruir esa confianza.