PERÚ COMPETITIVIDAD

La crisis de seguridad que atraviesa el país no solo se explica por la expansión del crimen organizado, el aumento de los homicidios o el estallido de la extorsión. Esto se agudiza por la lenta ejecución de los recursos asignados para enfrentar esta emergencia. En un año en el que los homicidios alcanzaron su máximo histórico y las extorsiones crecieron de manera explosiva, las cifras de gasto en orden interno muestran un avance lento.

En 2025, el presupuesto para orden interno asciende a S/ 10.847 millones, un monto 12 % mayor al del 2024. No obstante, a pesar de tener más recursos, solo se ha ejecutado el 74 % del PIM a octubre de 2025. Es decir, incluso cuando el país vive una crisis de criminalidad, casi uno de cada cuatro soles destinados a seguridad sigue sin utilizarse. El rezago, en este caso, no es solo una mala gestión: es un riesgo directo para la población.

La Libertad, Lima y Madre de Dios se encuentran al final de la tabla de ejecución, con niveles que apenas bordean el 70 % o incluso menos, pero lo más preocupante es dónde ocurre ese retraso.

Con respecto a las regiones de La Libertad y Lima son, a octubre, el epicentro de la violencia en el país. Ambas concentran el 48% de todos los homicidios a nivel nacional (204 y 715 casos respectivamente) y casi el 63 % de las denuncias por secuestro y extorsión (3.528 y 10.193 respectivamente). A ello se suma que sus propias infraestructuras policiales están deterioradas: en La Libertad, el 65,8 % de las comisarías básicas se encuentra en condiciones inadecuadas; en Lima, el 60,6 %.

Por su parte, Madre de Dios muestra un deterioro igual de crítico: entre 2024 y 2025 casi duplicó sus homicidios (+94 %), registró un incremento de 79 % en denuncias, y enfrenta un problema estructural mayor: el 100 % de sus comisarías opera en condiciones inadecuadas.

Y, aun con este panorama, estas tres regiones se ubican entre las más rezagadas del país en la ejecución del presupuesto de seguridad: Lima alcanza solo un 71,1 %, Madre de Dios llega a 68,9% y La Libertad apenas a 66,6 %. En cada caso, el retraso tiene un origen distinto: en Lima, el menor avance proviene del Gobierno Nacional (70,6%); en Madre de Dios, el rezago lo explican los gobiernos locales (46,5 %); y en La Libertad, el principal cuello de botella es el Gobierno Regional, que solo ejecuta 29,9 %. Para completar sus recursos al cierre del año, las tres tendrían que duplicar su ritmo de ejecución, algo muy poco probable dada la magnitud del retraso.

En medio de este contexto, Arequipa muestra un desempeño intermedio, pero con señales que no deben pasarse por alto. La región ha ejecutado el 79,2 % de su presupuesto de seguridad —por encima del promedio nacional de 73,6 % y ubicada en el puesto 9—, pero ello no la mantiene fuera de riesgo. En lo que va del año, registra 44 homicidios, un incremento de 4 % respecto a 2024, y las denuncias crecieron 17 %, situándola entre las regiones con mayor aumento en este indicador. A esto se suma que el 56 % de sus comisarías básicas operan en condiciones inadecuadas (57 de 101), una brecha que limita la capacidad de respuesta frente al avance delictivo en la región.

El impacto de este rezago no es solo social. Como ha estimado el CPC, entre 2021 y 2024 la inseguridad generó más de S/ 6 000 millones en pérdidas económicas (a precios de 2021), un golpe directo al crecimiento que el país dejó de generar. Cada aumento en la tasa de homicidios no solo significa vidas truncadas, sino también menor inversión, menor productividad y un deterioro tangible de la competitividad nacional.

El reto, entonces, no es únicamente asignar más presupuesto, sino asegurar que se ejecute a tiempo y con impacto real. Porque cuando la seguridad colapsa, el país entero paga las consecuencias. La violencia no crece solo porque el crimen avanza, sino porque el Estado llega tarde o no llega.