Por: José Colque

El gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna provincial, coronel (r) Diego Chirinos Tellez, es investigado por la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) Arequipa tras ser capturado en flagrancia la madrugada del lunes en Sachaca. El presunto delito que se le acusa es utilizar un vehículo de Seguridad Ciudadana para fines personales, este ilícito es tipificado como Peculado de uso.

El funcionario de confianza de la gestión de Omar Candia fue intervenido tras un mes de seguimiento en la urbanización Palacio F-3 en Sachaca cuando se trasladaba en la unidad EGN-637 que tiene el logo de la comuna provincial y stickers de Seguridad Ciudadana de la mencionada entidad. La misma permanece en la sede de la DIRCOCOR en la calle Los Pinos.

Junto al funcionario, las servidoras públicas Rosario Alida Barriga Caceres y Maricielo Zenaida Coronado Rodriguez también fueron detenidas. Ellas son acusadas de conducir y laborar en el vehículo EGN-637. Según informó la Policía, ellas no supieron responder porque estaban en Sachaca al momento de la intervención, según informó la Policía.

El secretario del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana, Fredy Flores, solicitó públicamente el cambio del funcionario debido a la presunta vinculación al uso personal de la unidad de Serenazgo y las trabas durante su gestión respecto con el proyecto de reforzamiento de flota y mobiliario en el área. «El expediente se cayó porque modificaron especificaciones. Se necesita la renovación urgente (de flota), pero hace 1 año están con eso y ahora cambiaron de (especificaciones) 4×2 a 4×4», agregó.

Recordó que existe un antecedente respecto con otro ex gerente de Seguridad Ciudadana vinculado al presunto delito de Peculado. Se trata de Marcos Hinojosa, quien fue sentenciado en el 2020 por el mencionado ilícito, tras apelar una primera sentencia.

Por su parte, el regidor provincial Jorge Condori manifestó que de confirmarse las investigaciones contra Chirinos Tellez, solicitará su renuncia. Cabe precisar que según el Código Procesal Penal, este delito es sancionado con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años y prestación de hasta 40 jornadas de servicios comunitarios.