Por: Carlos Meneses

La seguridad en el transporte es un derecho. Hacerla realidad es una tarea impostergable.

El Congreso de la República organiza esta semana una conferencia sobre la Ley N° 32490, Ley contra la extorsión y sicariato en el transporte público, un espacio que busca analizar los alcances y desafíos de una norma necesaria, pero que solo tendrá impacto real si se aplica con firmeza y coordinación efectiva entre el Estado, la Policía Nacional y los gobiernos locales.

La violencia y el crimen organizado han infiltrado el transporte en diversas regiones del país. Las extorsiones a empresas y conductores, los “cupos” que imponen las mafias y los asesinatos por encargo para amedrentar o eliminar competidores son, lamentablemente, parte del panorama cotidiano de diversas ciudades. Estas prácticas criminales no solo atentan contra la vida de los transportistas, sino que distorsionan la economía del sector y generan temor en la ciudadanía.

La Ley 32490, aprobada recientemente por el Congreso, busca fortalecer las herramientas legales para combatir estos delitos. Endurece las penas por extorsión y sicariato vinculados al transporte y promueve mecanismos de denuncia y protección para las víctimas. Sin embargo, como ocurre con tantas normas bien intencionadas, el desafío radica en su implementación. No basta con aprobar leyes más severas si no se garantiza su cumplimiento ni se asegura la capacidad institucional para investigar y sancionar con eficacia.

La seguridad ciudadana debe estar por encima de las disputas partidarias y de los intereses sectoriales.

Pero el Congreso también tiene una responsabilidad que va más allá de legislar: fiscalizar que las normas se apliquen, que la Policía cuente con los recursos suficientes y que los gobiernos locales actúen en el ordenamiento del transporte, donde muchas veces la informalidad crea el terreno fértil para el delito.

Combatir la extorsión y el sicariato en el transporte no será posible sin una estrategia integral que combine ley, prevención y control. Este esfuerzo debe involucrar a todos los niveles del Estado, pero también a la sociedad civil. La violencia no puede seguir siendo el precio que pagan los peruanos por movilizarse al trabajo o llevar el pan a casa.