Exjuez supremo César Hinostroza.

El Poder Judicial ha confirmado la prisión preventiva de 18 meses impuesta al exjuez supremo César Hinostroza por tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

La Corte Suprema, mediante la Sala Penal Permanente, declaró infundada la apelación presentada por su defensa y ratificó la decisión inicial solicitada por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

La resolución valoró testimonios, registros de comunicación y audios homologados que mostrarían coordinaciones y posibles presiones para asegurar la ratificación de magistrados en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

El fallo mencionó, además, obsequios como almuerzos e invitaciones que constituirían actos relevantes para configurar los delitos atribuidos. El tribunal rechazó los cuestionamientos de la defensa sobre la legalidad de las pruebas y sostuvo la validez de las escuchas telefónicas.

Hinostroza, prófugo desde 2018 tras fugar del país por la región fronteriza de Tumbes, enfrenta otra prisión preventiva de 36 meses por patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal, al ser considerado líder de una mafia en la Judicatura denominada ‘Los Cuellos Blancos’.

El Gobierno peruano autorizó el último martes remitir a Bélgica la solicitud de extradición por cinco hechos vinculados al caso de corrupción revelado ese año mediante la difusión de llamadas entre magistrados, fiscales y abogados.

Entre esos hechos figuran: instigar al exconsejero Iván Noguera para influir en el nombramiento de Verónica Rojas; ofrecer favores a Walter Ríos para designar a Maico Reyner Fernández Morales; buscar votos favorables de Noguera, Julio Gutiérrez Pebe y Guido Águila para ratificar a Ricardo Chang Racuay; y aceptar intervenir para que William Alan Franco Bustamante obtuviera un puesto en la Corte Suprema.

Luego de su fuga, Hinostroza llegó a Guayaquil, voló a España y después se trasladó a Bélgica, donde permanece hasta la fecha. Por disposición del Poder Judicial, su entrega se gestionará únicamente por vía diplomática mediante la Cancillería.