Por: Carlos Meneses

El Congreso tiene el deber de legislar para el bien común, no para satisfacer a grupos de presión. Prolongar indefinidamente el Reinfo no es un acto de justicia social, sino de claudicación moral. Si el país no recupera la autoridad de sus instituciones frente a la ilegalidad, estará renunciando a su futuro. La verdadera conspiración contra la democracia no siempre lleva armas; a veces se disfraza de ley.

La insistencia del Congreso en ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027 no solo evidencia la falta de voluntad política para enfrentar la minería ilegal, sino que representa un golpe a la institucionalidad del país. Es decir, revela la gravedad de un proceso que normaliza la ilegalidad bajo el disfraz de formalización.

El Reinfo nació en 2017 con la promesa de integrar a la economía formal a miles de mineros informales. Sin embargo, las sucesivas prórrogas lo convirtieron en una coartada para quienes depredan el ambiente, evaden impuestos y operan al margen de la ley. Cada extensión ha debilitado la autoridad del Estado y alimentado redes económicas y políticas que hoy dominan vastas zonas del sur peruano. En lugar de cerrar un ciclo de transición hacia la legalidad, el Congreso perpetúa un modelo que legitima la informalidad.

Más preocupante aún es que la ampliación del registro haya sido aprobada con votos del partido de gobierno, Somos Perú, que en el discurso dice combatir la criminalidad, pero en los hechos avala medidas que la fortalecen. La contradicción es flagrante: mientras el Ejecutivo habla de orden y modernización, sus aliados parlamentarios abren la puerta a más impunidad. La pasividad del Gabinete frente a este tema solo confirma la falta de liderazgo y coherencia en la lucha contra la minería ilegal, una de las principales fuentes de lavado de activos, trata de personas y deforestación.

La estrategia de “formalizar” mediante un censo masivo, como advirtió Montero, busca construir una base social que luego pueda ser manipulada políticamente. No se trata solo de economía, sino de poder: crear una población dependiente del Estado para blindar intereses ilegales disfrazados de derechos ancestrales. Si el Ejecutivo no marca distancia, terminará siendo cómplice de la captura del Estado por mafias que operan bajo el manto de la minería artesanal.