El expresidente regional de Arequipa, Daniel Vera Ballón, afirmó que el proyecto portuario de Corío tuvo origen durante su gestión en diciembre de 2004. Según indicó, en aquel periodo se realizaron los primeros estudios técnicos de ubicación, batimetría del fondo marino y topografía del suelo, estableciendo las bases para un puerto de gran escala en la costa arequipeña.

PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO

Vera Ballón sostuvo que incluso se efectuaron gestiones internacionales para impulsar la iniciativa. Entre ellas, mencionó conversaciones en Brasil con el entonces gobernador Blairo Maggi y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para articular un corredor de exportación. Al finalizar su administración, aseguró haber entregado un informe técnico que —según su versión— fue posteriormente archivado por los gobiernos regionales de Juan Manuel Guillén Benavides, Yamila Osorio y Elmer Cáceres Llica.

Señaló que el interés por Corío resurgió años más tarde debido al impacto del nuevo puerto de Chancay y a la presión política por fortalecer la infraestructura portuaria del sur. Afirmó que en 2022 el proyecto volvió a activarse y que el Gobierno Regional de Arequipa participó aproximadamente 18 meses en conversaciones técnicas. De acuerdo con su relato, la región aceptó inicialmente la propuesta de inversión bajo el mecanismo de habilitación portuaria privada.

Sin embargo, Vera Ballón indicó que el panorama cambió el último 28 de julio, cuando la expresidenta Dina Boluarte anunció, junto con su gabinete, la ampliación del puerto de Matarani. Según su interpretación, este anuncio generó un giro en la postura del Gobierno Regional, que pasó de respaldar el esquema privado a impulsar una Asociación Público-Privada (APP) por iniciativa estatal.

El expresidente afirmó que esta modificación en el método de ejecución derivó en que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) anulara la primera resolución de habilitación portuaria temporal. Añadió que, tras un análisis de costo-beneficio, los técnicos concluyeron que el proponente privado tenía derecho a continuar con el método original, situación que, en su opinión, evidenciaría errores de procedimiento en la decisión regional.

Durante su intervención, Vera Ballón acusó a diversas autoridades —entre ellas la presidenta Boluarte y varios ministros— de haber “engañado al país” al adoptar decisiones que retrasaron el proyecto de Corío. Sostuvo que el principal beneficiado de este escenario es el puerto de Matarani, operado por Tisur, cuya concesión fue ampliada por 30 años más sin licitación. Todo ello, según afirma, consolidaría a Matarani como la principal competencia del proyecto Corío.

El expresidente declaró que el proyecto se encuentra ahora en “cero bajo cero”, debido a lo que considera maniobras políticas para frenar su avance, pese a que —según dijo— existían más de diez reuniones previas donde se había acordado continuar con el esquema de habilitación portuaria privada. Las autoridades señaladas no han respondido públicamente a estas declaraciones.

“UN DAÑO MUY GRAVE”

Daniel Vera calificó la paralización o afectación del proyecto como “un daño muy grave” para Arequipa y para el país. “Se pierden grandes posibilidades de convertirnos en el centro de las Américas”, afirmó. También criticó el reciente cambio de nombre a Puerto de las Américas Corío, al que calificó de “egoísmo” y “ridiculez”.

Según indicó, la región dejaría de aportar casi dos puntos porcentuales al PBI nacional debido al retraso del proyecto. La iniciativa contempla una inversión inicial de 1 500 millones de dólares, con posibilidad de ampliarse mediante nuevos espigones.

La provincia de Islay también se vería afectada. Vera estimó que se perderían entre 4 000 y 5 000 empleos en la primera etapa, además de una oportunidad de desarrollo logístico para toda la zona sur. En una segunda etapa, se perderían otros 2 500 puestos, alcanzando hasta 9 000 empleos directos e indirectos.

Consultado sobre los plazos de ejecución, Vera señaló que, con la autorización previa para la viabilidad privada, el proyecto podía concretarse entre cuatro y seis años. Sin embargo, tras los cambios introducidos, estimó que ahora podría tomar “más de ocho o diez años”, siempre y cuando se logre retomar la iniciativa.

También cuestionó el costo del nuevo estudio anunciado por el GRA. “¿De dónde vamos a sacar 400 o 483 millones para hacerlo?”, preguntó, señalando que ya existe una resolución que ordena dejar sin efecto la suspensión previa.

Vera aseguró que el Perú perdería entre 1.5 % y 2 % del PBI, una magnitud similar —según indicó— al impacto económico del puerto de Chancay. Además, mencionó que el proyecto incluía una “ciudadela tecnológica” para la transformación del cobre y desarrollo de productos electrónicos, en coordinación con Corea, iniciativa que también quedaría truncada.

Llamó a la sociedad civil a exigir al GRA que revierta sus decisiones y retome el camino técnico recomendado por la APN. De lo contrario, advirtió, el proyecto podría quedar trabado y obligar al próximo gobierno.