Por Rocío Velazco C.

Al menos 13 mil registros del Reinfo están en zonas naturales protegidas. En el mapa global del oro, el Perú brilla no solo por su riqueza mineral, sino también —y cada vez más— por una sombra que lo amenaza: la minería ilegal.

EXPORTACIONES PODRÍAN LLEGAR A US$ 12 MIL MILLONES

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el país concentra el 44 % del oro ilegal exportado desde Sudamérica y podría cerrar el 2025 con US$ 12 mil millones en exportaciones de origen ilícito, una cifra que rivaliza con el oro formal. El fenómeno ha dejado de ser artesanal: es ahora una industria criminal con redes internacionales, cobertura política y un poder económico en expansión.

Durante el seminario “Minería ilegal: una mirada internacional a la crisis”, organizado por el IPE, expertos nacionales e internacionales coincidieron en una advertencia: la minería ilegal peruana ha alcanzado un punto de inflexión, donde ya no se trata de erradicar campamentos, sino de enfrentar a un sistema sofisticado que involucra logística transnacional, lavado de activos y captura institucional.

EL REINFO, ESCUDO DE LA IMPUNIDAD

Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, fue tajante: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —creado para integrar a pequeños productores— se ha convertido en un manto de impunidad. “La minería ilegal ya no es un problema artesanal, es una industria criminal altamente organizada. El Reinfo dejó de ser una vía hacia la legalidad y se convirtió en un escudo para la ilegalidad”, señaló.

De acuerdo con cifras del IPE, al menos 13 mil registros del Reinfo se ubican en zonas naturales protegidas, arqueológicas o vedadas, lo que evidencia un uso fraudulento del mecanismo. Paralelamente, la estructura empresarial detrás de esta actividad ha crecido de manera exponencial: en la última década, las procesadoras de oro se multiplicaron por 3.5 (hasta 13 876) y las exportadoras por 11 (hasta 1 253), mientras que las productoras apenas crecieron 18 % y, desde 2020, incluso disminuyeron.

“Hay un desbalance evidente: se formaliza más a quienes venden que a quienes producen”, apunta Fuentes. “Esto demuestra que la cadena comercial está capturando el negocio, mientras el Estado mira hacia otro lado”.

ORO CAMUFLADO, RUTAS INVISIBLES

La sofisticación del delito también se refleja en sus nuevas rutas y métodos. Julia Yansura, directora del programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de la FACT Coalition (EE.UU.), explicó que el oro peruano de origen ilegal ya no sale en lingotes, sino como concentrado, polvo, oro reciclado o incluso mezclado con material electrónico triturado. “En 2024, Perú exportó US$ 880 millones en oro concentrado, cinco veces más que el año anterior. Este formato es casi imposible de rastrear sin una trazabilidad efectiva”, indicó.

El destino principal sigue siendo Estados Unidos, donde no existe obligación de declarar el ingreso de oro, lo que facilita su legalización. “Además, la minería ilegal extranjera no está reconocida como delito subyacente del lavado de dinero, lo que deja vacíos enormes para los fiscales”, advirtió Yansura.

En este escenario, surgen empresas fachada que “blanquean” el mineral a través de facturación ficticia y exportaciones mixtas. “La trazabilidad debe ser global. Si el oro ilegal puede entrar sin declararse, toda la cadena queda contaminada”, enfatizó.

PODER PARALELO QUE DISPUTA TERRITORIOS

Más allá del impacto económico, los especialistas alertaron sobre el avance político y social de la minería ilegal. La socióloga Lucía Dammert, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, advirtió que el fenómeno se comporta como una industria paralela que combina violencia, corrupción y control territorial. “No estamos ante mineros aislados, sino ante un sistema con capacidad de financiar campañas, infiltrar estructuras del Estado y competir por autoridad territorial”, sostuvo.

Dammert señaló que el oro ilegal se “lava” primero dentro del Perú, lo que dificulta su rastreo internacional. En regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Amazonas, las bandas mineras controlan pasos, pistas de aterrizaje clandestinas y cadenas de suministro, en ocasiones en complicidad con autoridades locales o regionales.

“El oro ilegal ha generado una economía paralela que ofrece empleo, financia proyectos comunales y otorga favores políticos. Es una forma de poder que el Estado no está sabiendo disputar”, dijo.

DEFORESTACIÓN, TRATA Y CORRUPCIÓN

El costo ambiental y humano de la minería ilegal es devastador. Según el Ministerio del Ambiente, cada año se deforestan más de 10 mil hectáreas por minería aurífera ilegal. A ello se suma la contaminación por mercurio, la trata de mujeres y menores, y la destrucción de ecosistemas amazónicos irreversibles.

Pero los efectos no son solo ecológicos. La minería ilegal erosiona la institucionalidad democrática, alimenta economías criminales y reduce la recaudación fiscal. “Es un problema económico, ambiental y de gobernabilidad. Y si no se actúa pronto, el oro ilegal será el nuevo narcotráfico del siglo XXI”, advirtió Dammert.

RESPUESTA DEL ESTADO LENTA Y DISPERSA

A pesar de las alertas, la respuesta estatal sigue rezagada. El IPE advierte que el presupuesto del programa de formalización minera caerá 60 % hacia 2026, justo cuando la minería ilegal amenaza con igualar a la formal en exportaciones.

Fuentes lamentó que las interdicciones sigan siendo “operativos mediáticos sin inteligencia previa”, mientras que la cooperación entre instituciones —Ministerio Público, Sunat, Policía, Aduanas— se mantiene débil. “No se puede combatir una red global con medidas locales y esporádicas”, remarcó.

El IPE propone una estrategia integral que combine trazabilidad, inteligencia financiera y cooperación internacional. Entre las medidas urgentes destacan:

Cierre definitivo del Reinfo y creación de un nuevo esquema de formalización con verificación en campo y trazabilidad digital.

Controles estrictos a comercializadoras y exportadoras, incluyendo auditorías de cadena de suministro.

Fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar flujos ilícitos vinculados al oro.

Cooperación transfronteriza con países compradores (como EE. UU., Suiza y Emiratos Árabes) y vecinos productores (Bolivia, Colombia, Brasil).

Alternativas económicas sostenibles en zonas dependientes de la minería ilegal, con inversión en infraestructura, educación y agricultura.

Presencia estatal continua en territorios vulnerables, no solo a través de interdicciones, sino con servicios y desarrollo.

La gran paradoja, subraya Yansura, es que el oro ilegal peruano sigue siendo codiciado en los mercados internacionales. “Se lo compra, se lo funde, se lo convierte en joyas o en reservas bancarias, sin saber —o sin querer saber— su origen. La trazabilidad no es solo un tema técnico, es un compromiso ético global”, sentenció.

Para los especialistas, el Perú tiene una oportunidad única de liderar una agenda internacional contra el oro ilegal, aprovechando su peso minero y su experiencia regulatoria. Sin embargo, el tiempo apremia: mientras el oro ilegal siga moviendo miles de millones de dólares sin control, el país corre el riesgo de convertirse en el “nuevo epicentro mundial del oro sucio”, con consecuencias económicas, ambientales y políticas irreversibles.