Ernesto Álvarez, titular de la PCM. Expremier Betssy Chávez.

El caso de la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, ha generado tensiones dentro del propio Ejecutivo peruano. Sin embargo, voces como la del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, apuntan a una ruta de sensatez, recordando que las diferencias deben abordarse con respeto al derecho internacional y al principio de soberanía entre Estados.

RESPETANDO EL DERECHO INTERNACIONAL

El premier fue enfático al señalar que “no es posible” una intervención en la sede diplomática mexicana para detener a Chávez, a quien el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. “Tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller [Hugo de Zela], con larga trayectoria diplomática, sabemos que no se puede sustraer del ámbito de una embajada a una persona, por más emotividad que exista o por más que sea requerida por la justicia”, sostuvo Álvarez tras su presentación ante la Comisión de Constitución.

Estas declaraciones difieren de las que expresó el presidente interino José Jerí, quien consideró la posibilidad de ingresar a la residencia diplomática mexicana para ejecutar la orden judicial. “Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, había señalado Jerí, desatando preocupación en la comunidad internacional.

Lejos de alimentar el conflicto, Álvarez optó por la conciliación. Reconoció que el sentir de muchos peruanos es de indignación, pero insistió en que tomarán una medida responsable.

El premier recordó, además, precedentes en la región, como el caso de Ecuador, donde una intervención a una embajada derivó en una crisis diplomática. Por ello, subrayó la necesidad de manejar el tema “con prudencia, legalidad y respeto a los tratados internacionales y sin enfrentamientos”.

El caso Chávez, que involucra también al expresidente Pedro Castillo, requiere de un manejo político responsable. La justicia debe seguir su curso con independencia, pero sin poner en riesgo las relaciones exteriores ni la estabilidad del país.

Hoy más que nunca, el Ejecutivo tiene la oportunidad de demostrar madurez institucional. Las diferencias de criterio no deben traducirse en enfrentamientos, sino en espacios de diálogo que fortalezcan la democracia. En un momento en que la inseguridad, la crisis económica y la desconfianza ciudadana exigen unidad, el Gobierno debe dar el ejemplo: resolver los conflictos con serenidad, respeto a la ley y búsqueda de consenso.

El Perú necesita menos confrontación y más Estado. Actuar con firmeza no significa actuar con fuerza bruta, sino con la autoridad que otorga la razón, la Constitución y el derecho internacional. Solo así el país podrá enfrentar sus desafíos sin fracturas internas ni conflictos innecesarios.