Cecilia Cordero, fiscal de Prevención del Delito, alerta que muchos están cometiendo el delito de exposición al peligro de personas.

Redacción Diario El Pueblo

Hay un refrán que dice que «El agua siempre vuelve a su cauce”, pero en Arequipa y en todo el Perú muchas familias le han hecho caso omiso. Aún no entienden que no hay nada que puedan hacer para impedirlo. Llevarle la contraria a la naturaleza es tiempo perdido; tarde o temprano ella tomará lo que por derecho le pertenece.

Lamentablemente, cada año la temporada de lluvias es un recordatorio de que hay malas personas que venden lotes cerca o dentro de torrenteras, e inconscientes que los compran, exponiendo la integridad física e incluso la vida de quienes más quieren.

La fiscal provincial de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero Echenique, advirtió que, en caso de un fenómeno natural, la municipalidad respectiva debe intervenir. Pero, después del evento, los damnificados no tienen derecho a solicitar una reubicación por la pérdida de su vivienda.

“Si bien cuando ocurre el desastre tienen el derecho de ser acudidos, no tienen derecho a que los reubiquen. A mí me pueden reubicar si soy propietaria de un terreno y ocurre un fenómeno natural en una zona que no era de riesgo. Pero si yo he invadido el cauce de una torrentera, ya me ha notificado la ANA (Autoridad Nacional del Agua), viene y me lleva el agua… La autoridad municipal, por supuesto, me va a acudir en ese momento, pero yo no puedo exigir al Estado que me dé una casita en otro lugar más adelante porque soy víctima. No, lamentablemente no es así”, afirma.

Las tres fiscalías provinciales de Prevención del Delito ya comenzaron a intervenir en los distritos debido a la venidera temporada de lluvias. Entre los que generan más preocupación por construcciones en cauces o dentro de torrenteras están Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cayma, Paucarpata y Chiguata.

Cordero Echenique destaca que la responsabilidad de defender las torrenteras y sus cauces recae en la Autoridad Nacional del Agua, que tiene potestad sancionadora. Fuera de ellas, la competencia corresponde a la municipalidad respectiva. Sus funcionarios de Desarrollo Urbano deben estar atentos al crecimiento desordenado.

“Es uno de los principales problemas que tenemos en Arequipa, porque si fiscalizaran se darían cuenta a tiempo de que se están ocupando zonas de riesgo”.

Informa que a estos funcionarios se les puede procesar por omisión de funciones, y de igual manera a quienes están a cargo de las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres.

No obstante, los habitantes de estas construcciones ilegales también pueden ser procesados por exposición al peligro de personas, especialmente cuando existe una obligación de cuidado, como los menores de edad.

Por eso, la fiscal provincial recomienda que, antes de comprar cualquier lote, se verifique minuciosamente si es legal, para no perder tiempo ni dinero.

Asimismo, hace un llamado a la conciencia; a no ser tercos y no abusar de la confianza, porque puede salir caro.

“Se han recuperado varias zonas, pero ¿qué pasa? Se recupera y, pasado un tiempo, la gente vuelve a meterse. Ese es un problema de cultura de la propia gente, que tiene que entender que uno no puede vivir en una zona de riesgo. Asimismo, muchas personas piensan que pueden vivir en su zona de riesgo y que el Estado debe construir un muro de contención, y eso no es así, porque sería delito de peculado. En ese sentido, no ocupemos los cauces de las torrenteras porque, tarde o temprano, va a venir una lluvia fuerte”, finaliza.