Por Carlos Meneses

En ambos temas —asilo y fronteras— el hilo conductor es la búsqueda de orden, coherencia y respeto a las normas. En momentos de polarización y desconfianza, el Perú propone una diplomacia basada en la prudencia, la transparencia y el consenso internacional. Es un paso necesario para devolver seriedad a la política exterior y reafirmar el compromiso del país con un multilateralismo responsable.

El reciente anuncio del canciller Hugo de Zela, sobre la intención del Perú de plantear ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a los criterios de otorgamiento del asilo diplomático, marca un punto de inflexión en la diplomacia regional. Su propuesta busca que los países que evalúan conceder asilo estén obligados a solicitar información previa al Estado requerido, antes de tomar una decisión. A primera vista, esta iniciativa puede parecer un trámite adicional, pero en el fondo representa un esfuerzo por fortalecer la confianza y el respeto mutuo entre los Estados del continente.

La llamada Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático en América Latina, nació en un contexto político distinto, donde las persecuciones ideológicas y los golpes de Estado eran frecuentes. Hoy, las democracias de la región enfrentan otro desafío: evitar que el asilo se convierta en un instrumento político o en un refugio para quienes buscan eludir la justicia. Es en este punto donde la propuesta peruana cobra relevancia, pues pretende restablecer el equilibrio entre el derecho de protección y el principio de soberanía.

El Perú ha sostenido con firmeza que el respeto al derecho internacional debe prevalecer sobre las conveniencias ideológicas. Casos recientes, como el de la ex primera ministra Betssy Chávez, han evidenciado la necesidad de revisar los mecanismos de cooperación y transparencia entre los Estados. No se trata de limitar el derecho de asilo, sino de garantizar que su concesión responda a motivos genuinamente humanitarios y no a interpretaciones políticas o sesgos diplomáticos.

El planteamiento de De Zela también se enmarca en una visión más amplia del Gobierno de transición: reforzar la institucionalidad y preparar el terreno para una gestión más sólida del próximo gobierno. Lo mismo se aplica al anuncio sobre el estado de emergencia en las fronteras, una medida orientada a recuperar la presencia del Estado en zonas donde la seguridad y el control migratorio son precarios.