Martín Vizcarra, expresidente del Perú.

El exmandatario fue hallado culpable de recibir S/ 2.3 millones en coimas por las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. También fue inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos.

DEFENSA APELARÁ LA SENTENCIA

El expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo fue condenado este martes a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, tras acreditarse que recibió S/ 2.3 millones en sobornos de parte de empresas constructoras cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua (2011–2014). La sentencia fue dictada por la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, al concluir que Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo público.

“Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero”, sostuvo la magistrada durante la lectura de sentencia.

De acuerdo con la resolución judicial, el exmandatario fue condenado a 6 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y a 8 años por el Hospital Regional de Moquegua, sumando en total 14 años de pena privativa de libertad, que deberá cumplir en un establecimiento penitenciario designado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La jueza precisó que la pena será de carácter efectivo e inmediato.

Además, Vizcarra deberá pagar S/ 2 millones 336 mil por concepto de reparación civil al Estado y S/ 94 900 por días multa, según lo establecido en el fallo. También fue inhabilitado por 9 años para ejercer funciones públicas, conforme al artículo 36, inciso 2, del Código Penal.

“Se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo la pena de inhabilitación de nueve años, lo cual implica su incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público”, precisó la jueza Ayasta.

RUTA DE SOBORNOS

La investigación del Ministerio Público determinó que el entonces gobernador regional habría recibido pagos ilegales de las empresas ICCGSA e Incot, a cambio de favorecerlas en los procesos de licitación y ejecución de las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

Según la acusación fiscal, las constructoras entregaron S/ 1.3 millones por la obra de Lomas de Ilo y S/ 1 millón por el hospital. El dinero habría sido canalizado mediante entregas en efectivo y pagos indirectos, con intermediarios que formaban parte del entorno cercano del exgobernador.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó testimonios, registros bancarios y peritajes contables que acreditaron la existencia de transferencias irregulares y visitas entre los involucrados. El Ministerio Público había solicitado una pena de 15 años de cárcel, por considerar que Vizcarra lideró una organización orientada a beneficiarse de contratos públicos.

DEFENSA Y APELACIÓN

La defensa legal del exmandatario anunció que apelará la sentencia, alegando que no existen pruebas directas que acrediten los pagos ilícitos. Los abogados sostienen que los testigos habrían declarado bajo presión y que las transferencias observadas no guardan relación con los proyectos mencionados.

El fallo aún no es firme, por lo que será revisado por una sala superior, que evaluará los argumentos de ambas partes antes de emitir una decisión definitiva.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Martín Vizcarra calificó la sentencia como una “venganza política”. “Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas”, escribió.

El exmandatario aseguró que su hermano, Mario Vizcarra, continuará su “lucha política” desde la precandidatura presidencial por el partido Perú Primero, organización que él fundó tras dejar la presidencia en 2020.

Horas después, volvió a pronunciarse en términos más duros: “Me han vacado. Me han inhabilitado. Me han sacado de mi partido. Y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?”, expresó.

Desde el Ministerio Público, los fiscales del caso consideraron que la sentencia constituye un precedente importante en la lucha contra la corrupción de altos funcionarios. “Se ha demostrado que ningún cargo político está por encima de la ley”, señalaron.

El INPE deberá definir en los próximos días el penal donde cumplirá su condena. Según fuentes judiciales, el exmandatario sería trasladado a un establecimiento de seguridad media, posiblemente el penal de Ancón II, donde se encuentran recluidos otros exfuncionarios del Estado.

Mientras tanto, su movimiento político Perú Primero anunció que continuará participando en el proceso electoral del 2026. “Seguiremos trabajando por el legado del presidente Vizcarra”, declaró su hermano Mario Vizcarra.

La sentencia marca un nuevo hito en la relación entre política y justicia en el país, en medio de una ciudadanía cada vez más crítica frente a la corrupción.