Por Carlos Meneses

Asegurar el financiamiento completo y oportuno para las elecciones del 2026 es, en el fondo, una forma de proteger nuestra democracia. Porque sin elecciones confiables, transparentes y bien organizadas, el país perdería uno de sus pilares fundamentales: la legitimidad del poder nacido en las urnas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha lanzado una advertencia que no debe pasar desapercibida: existe un déficit del 52 % en el presupuesto necesario para organizar las elecciones generales, regionales y municipales del 2026. El presidente del organismo, Roberto Burneo, precisó que el sistema electoral —integrado por el JNE, la ONPE y el Reniec— requiere 4 390 millones de soles para garantizar un proceso transparente, eficiente y legítimo. Sin embargo, más de la mitad de ese monto aún no está asegurado.

La preocupación no es menor. Organizar elecciones nacionales es una tarea compleja que demanda planificación con varios años de anticipación. Desde la actualización del padrón electoral y la adquisición de material logístico, hasta la contratación de personal y la capacitación de miles de actores electorales, todo requiere tiempo y recursos. Si los fondos se aprueban tarde, como ocurrió este año —cuando el dinero llegó recién en octubre—, se pone en riesgo no solo la logística, sino la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.

El presupuesto electoral no puede ser tratado como un trámite administrativo más. Se trata de una inversión en la estabilidad política del país. En un contexto de desconfianza institucional y fragmentación política, unas elecciones mal organizadas podrían abrir la puerta a mayores conflictos, cuestionamientos y polarización. Por eso, la advertencia del JNE debe traducirse en una respuesta inmediata del Ejecutivo y del Congreso: garantizar los recursos a tiempo no es una opción, es una obligación democrática.

La experiencia reciente muestra que los retrasos presupuestales generan improvisación y sobrecostos. Además, los organismos electorales deben enfrentar nuevos retos tecnológicos y sociales: garantizar la ciberseguridad, evaluar la viabilidad del voto digital y combatir la desinformación. Todo ello requiere planificación y recursos sostenibles.

El Perú no puede repetir errores del pasado ni permitir que la falta de previsión comprometa el derecho ciudadano a elegir libremente. A pocos meses de iniciar el proceso electoral, resulta imperativo que las autoridades políticas comprendan la magnitud de su responsabilidad.