Exmandatario Pedro Castillo seguirá en penal de Barbadillo. El fallo dispone que el expresidente continúe cumpliendo su condena en el penal de Barbadillo, donde ya se encontraba recluido desde su detención en flagrancia.

POR CONSPIRACIÓN PARA REBELIÓN

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó ayer al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, al considerarlo responsable del intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando ordenó la disolución del Congreso e intentó intervenir el sistema judicial. El tribunal dispuso que el exmandatario continúe cumpliendo su condena en el Penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde hace casi tres años.

La sentencia marca el cierre de un proceso emblemático para la historia política reciente del país, en el que la justicia determinó que el exgobernante vulneró el orden constitucional y buscó quebrar la democracia. Durante la audiencia de lectura de sentencia, el tribunal colegiado validó la tesis de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que demostró la responsabilidad penal de Castillo en la coordinación y ejecución del intento de golpe.

La Sala también condenó a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta a la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, mientras que Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros y asesor cercano de Castillo, recibió una condena de 6 años y 6 meses de prisión.

CAPTURA DE CHÁVEZ

El fallo ordena la inmediata ubicación y captura de Betssy Chávez, quien fue hallada culpable en calidad de coautora del delito de conspiración para rebelión. Según la sentencia, la ex jefa del Gabinete Ministerial tuvo conocimiento previo del plan para disolver el Congreso y actuó en coordinación con Castillo en los momentos previos al mensaje a la Nación que desencadenó su caída.

En el caso de Willy Huerta, exministro del Interior, el tribunal determinó que su participación fue activa, al haber intentado coordinar con mandos policiales para facilitar las medidas anunciadas por Castillo. En tanto, la pena de Aníbal Torres será suspendida hasta que una instancia superior confirme o revoque la sentencia, debido a que el exministro podría presentar recurso de apelación.

INTENTO FRUSTRADO

El 7 de diciembre de 2022, minutos antes de que el Congreso debatiera una nueva moción de vacancia en su contra, Pedro Castillo apareció en televisión nacional para anunciar la “disolución temporal” del Parlamento, la instauración de un “gobierno de excepción” y la reorganización del sistema judicial.

El mensaje generó un rechazo inmediato en el país. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y otras instituciones rechazaron la orden, y el Congreso procedió de inmediato a destituirlo por incapacidad moral. En cuestión de horas, Castillo fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México y trasladado a la Prefectura de Lima.

La acusación fiscal sostuvo que Castillo no actuó solo y que planificó el golpe con el apoyo de sus más cercanos colaboradores, ante la inminente aprobación de su vacancia y las múltiples investigaciones fiscales por presuntos casos de corrupción.

REPERCUSIÓN POLÍTICA

El fallo de la Corte Suprema ha generado una ola de reacciones políticas. Diversos constitucionalistas y líderes de opinión calificaron la sentencia como un precedente histórico en la defensa del orden democrático. “Es una decisión que reafirma la independencia del Poder Judicial frente a los abusos del poder político”, señaló el abogado penalista José Tello Alfaro.

En contraste, simpatizantes del exmandatario y miembros de su entorno político cuestionaron la decisión, argumentando que se trata de una “persecución judicial” y anunciaron movilizaciones en varias regiones del país.

En Arequipa, algunas organizaciones sociales afines al exmandatario indicaron que acatarán jornadas de protesta, aunque otras agrupaciones señalaron que es momento de cerrar una etapa y concentrarse en los comicios generales de 2026.

Con esta sentencia, el expresidente seguirá recluido en el Penal de Barbadillo, en Ate, donde también cumple prisión preventiva el exmandatario Alberto Fujimori en otro pabellón. Fuentes penitenciarias confirmaron que Castillo continuará bajo régimen ordinario, con visitas restringidas y vigilancia permanente.

El fallo aún puede ser apelado, pero su ejecución será inmediata. La Sala precisó que la condena tiene como base la responsabilidad directa del exmandatario en el quiebre del orden constitucional y el intento de imponer un régimen autoritario.

Tres años después del fallido golpe, el país cierra así uno de los capítulos más convulsos de su historia reciente, en medio de un escenario político aún polarizado y con la mirada puesta en las elecciones del próximo año.