Por Carlos Meneses

El Estado peruano tiene razón al afirmar que no puede permitir la migración irregular, pues sus capacidades están al límite. Pero esta política debe ir acompañada de humanidad y respeto por los derechos fundamentales. El reto, en última instancia, no es solo custodiar nuestras fronteras, sino garantizar que el control sea eficaz, ordenado y digno. Solo así el país podrá proteger su seguridad sin renunciar a sus principios.

La decisión del Gobierno de declarar en estado de emergencia la frontera con Chile, en respuesta a la creciente presión migratoria y a las declaraciones del candidato chileno José Antonio Kast, es una medida necesaria pero insuficiente si se mantiene como una reacción aislada. Como bien lo advierten excancilleres, el Perú debe mirar sus fronteras de manera integral: el problema no empieza ni termina en Tacna.

El país comparte más de 7 000 kilómetros de límites con cinco naciones, de los cuales una gran parte permanece vulnerable ante el ingreso irregular de personas, el contrabando y otras actividades ilícitas. Mientras el foco mediático se concentra en el paso fronterizo de Santa Rosa, las rutas clandestinas por Desaguadero, Tumbes o Putumayo siguen abiertas y sin control efectivo. Es allí donde el Estado debe actuar con planificación, recursos y presencia sostenida, no solo con medidas de emergencia coyunturales.

El tema migratorio, recordaron “no se puede manejar a empujones ni a trompicones”. La realidad exige una política de Estado sostenida, no parches administrativos ni operativos de corto alcance. El Perú debe fortalecer su capacidad institucional para registrar, identificar y procesar a los migrantes, pero también para coordinar con los países vecinos. En ese sentido, la creación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria con Chile, anunciada por el canciller Hugo de Zela, es un paso inteligente hacia la gestión compartida de un desafío regional.

El control fronterizo no debe confundirse con militarización. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar en tareas logísticas, pero la solución pasa por reforzar la presencia de la Policía, de Migraciones y de la Superintendencia de Aduanas. También es indispensable que los gobiernos regionales fronterizos, como Tacna o Tumbes, cuenten con recursos suficientes para atender el impacto social de los flujos migratorios, especialmente en salud, educación y seguridad ciudadana.