Carlos Gallardo, gerente general del IPE.

Por Rocío Velazco C.

Mientras el Ejecutivo insiste en solicitar al Congreso facultades legislativas en materia tributaria, especialistas coinciden en que el país sigue aplazando una reforma fiscal seria, capaz de generar ingresos sostenibles y de promover, al mismo tiempo, un entorno propicio para la inversión privada. Así lo advirtieron los expertos reunidos por el Instituto Peruano de Economía (IPE) durante el seminario virtual “¿Qué sistema tributario necesitamos? Balance, oportunidades y riesgos”, un encuentro que reveló las profundas grietas que atraviesan el sistema tributario peruano.

SEGÚN EL IPE

Los economistas y tributaristas convocados —Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Tania Quispe, exsuperintendenta de la Sunat; y Alex Córdova, presidente del Comité Tributario de la CONFIEP— coincidieron en un diagnóstico preocupante: el sistema tributario del Perú está atrapado entre la ineficiencia, la informalidad y la inestabilidad institucional. En lugar de convertirse en una herramienta para el desarrollo, ha pasado a ser un freno para la competitividad y la predictibilidad económica.

Un sistema que recauda poco y mal

El Perú recauda apenas el 15.1 % del PBI, uno de los niveles más bajos de América Latina. Según Gallardo, esta cifra refleja un diseño defectuoso: el 1% de las grandes empresas aporta el 86 % de la recaudación total, mientras que solo el 12 % de los trabajadores paga impuesto a la renta. En contraste, la informalidad empresarial y laboral —que supera el 70 %— erosiona la base tributaria y perpetúa un círculo vicioso de baja productividad y escasa capacidad fiscal.

A ello se suma un dato que debería encender las alarmas: el incumplimiento tributario equivale a casi el 10 % del PBI en promedio durante la última década. En otras palabras, el país deja de recaudar miles de millones de soles por evasión, elusión y debilidad de control. “El problema no es solo de normas, sino de gestión y estabilidad institucional. En los últimos dos años se designaron seis superintendentes de la Sunat, tres de ellos solo en octubre de 2025. Ninguna política puede ser eficaz con semejante nivel de rotación”, enfatizó Gallardo.

Para Tania Quispe, la reforma debe comenzar por la simplificación del sistema y el fortalecimiento de la administración tributaria. Recordó que en la década de 1990, el Perú logró estabilidad fiscal reduciendo la maraña de tributos de más de treinta a solo tres (IR, IGV e ISC). Hoy, sin embargo, la proliferación de regímenes especiales ha abierto forados fiscales y complejizado el cumplimiento.

“La Sunat debería enfocarse en asistir al pequeño contribuyente en lugar de abrumarlo con burocracia. Con una gestión eficiente y capacitada, el país podría recaudar hasta dos puntos adicionales del PBI, según estimaciones del FMI”, afirmó.

En esa misma línea, Alex Córdova advirtió que la politización de la Sunat y la falta de meritocracia en los nombramientos de altos cargos comprometen la independencia de la institución. “No puede haber fiscalizaciones dirigidas ni uso político de información tributaria. Necesitamos una administración profesional, con estabilidad y visión técnica”, sostuvo.

El abogado tributario también alertó que los conflictos entre el Estado y las empresas por temas impositivos se están trasladando a los tribunales internacionales. “Hoy existen arbitrajes de inversión sobre materia tributaria. Esa situación mina la confianza y condiciona la llegada de nuevas inversiones”, explicó.

REFORMA CON VISIÓN DE FUTURO

Más allá del diagnóstico, el IPE advierte que la reciente delegación de facultades legislativas en materia tributaria “no aborda los aspectos estructurales” que permitirían un cambio real. El proyecto del Ejecutivo, según el instituto, se centra en ajustes marginales y no en los temas de fondo: ampliar la base tributaria, reducir la informalidad, mejorar la gestión y dar previsibilidad al sistema.

Para avanzar hacia una reforma moderna y sostenible, el IPE propone seis ejes estratégicos:

• Consistencia normativa y predictibilidad para garantizar estabilidad a los contribuyentes.
• Fortalecer la institucionalidad de la Sunat y del Tribunal Fiscal, asegurando independencia técnica.
• Racionalizar los beneficios tributarios, que actualmente representan un alto costo fiscal sin lograr sus objetivos.
• Optimizar los regímenes tributarios para reducir distorsiones y cerrar espacios de evasión.
• Reforzar la recaudación subnacional, especialmente en impuestos prediales y patrimoniales.
• Impulsar un mercado laboral formal y competitivo, como base de una tributación más equitativa.

DEBATE IMPOSTERGABLE

El sistema tributario peruano no solo debe recaudar más, sino hacerlo de manera justa, eficiente y predecible. La estabilidad macroeconómica alcanzada en las últimas décadas corre el riesgo de erosionarse si el Estado no garantiza ingresos suficientes y sostenibles. En ese contexto, las decisiones que hoy se adopten en el Congreso y en el Ejecutivo marcarán el rumbo de la política fiscal en los próximos años.

La tributación no puede seguir siendo un tema técnico postergado o un instrumento coyuntural para cubrir brechas fiscales. Es, en esencia, una política de Estado que debe servir para financiar servicios públicos de calidad, reducir desigualdades y promover el crecimiento.