Por Jorge Turpo R.

Estudio de Videnza Instituto propone que reforma del sistema penitenciario empiece por la implementación de tecnología, lucha contra la corrupción en el INPE y una reforma integral a mediano y largo plazo.

PENAL SOPORTÓ 3 VECES MÁS DE SU CAPACIDAD

La crisis penitenciaria en el Perú tiene un espejo claro en Arequipa. El penal de varones de Socabaya, el más importante de la región, fue construido para albergar a 600 internos, pero hoy guarda cerca de 2.000. Es decir, más de tres veces su capacidad real.

Aunque este es un caso grave, no es el peor. El penal de Pucchún, en Camaná, soporta casi cinco veces su aforo permitido, colocándose entre los cinco establecimientos más hacinados del país.

Estas cifras provienen de un informe reciente elaborado por Videnza Instituto, donde se analizan los vínculos entre hacinamiento penal, corrupción en el INPE e incremento de la inseguridad ciudadana.

La analista de Videnza, Daniela Santander, explica que lo que sucede dentro de los penales “no se queda dentro de los penales”. El sistema penitenciario, recuerda, es “el último eslabón del ecosistema de seguridad ciudadana” y lo que falla allí repercute directamente en las calles.

Santander es contundente al señalar que hoy las cárceles en el Perú “se han convertido en un caldo de cultivo para mayor criminalidad”.

Desde dentro operan bandas completas, aprovechan la falta de control y la precariedad del sistema, y el Estado tampoco ofrece posibilidades reales de reinserción.

“La privación de la libertad no funciona como un puente para la reintegración social. Al contrario, ha agravado la crisis”, señala.

A ello se suma el desorden estructural del INPE. La investigadora detalla que, en la región sur, Arequipa, Tacna y Moquegua, existen seis penales, tres de ellos en Arequipa. En todos los casos, el hacinamiento es severo.

El penal de Camaná, por ejemplo, tiene capacidad para 80 personas, pero aloja a más de 400. “Casi cinco veces su límite”, enfatiza.

No hay celdas suficientes, no hay personal suficiente y el control interno es cada vez más débil.

AMPLIACIÓN QUE NUNCA LLEGA

El proyecto para ampliar el penal de varones de Socabaya es una muestra de ineficiencia estatal. Se aprobó en 2011 con un presupuesto de 65 millones de soles. Diez años después, en 2021, la obra quedó paralizada a medio construir.

Hoy, tras una década de retrasos, el costo actualizado supera los 365 millones, un sobrecosto cercano al 500%.

“Este proyecto recién podría concluirse en el 2029”, precisa Santander. Catorce años después de haber sido declarado viable.

Aunque este año se han retomado acciones para reactivarlo, el daño ya está hecho: más hacinamiento, más corrupción interna y más riesgos para la seguridad ciudadana.

Las recientes visitas del presidente José Jerí a distintos penales y su anuncio de “desaparecer” el INPE han generado debate.

Para Santander, cambiarle de nombre a la institución no resolverá nada por sí solo. “Si se habla de reformulación, debe ser una reforma profunda, desde los cimientos. Si es solo un cambio de nombre, no estamos hablando de una verdadera transformación”, remarca Santander.

Esa reforma, sostiene, pasa por dos pilares: tecnología y meritocracia. En el primer caso, el uso de inteligencia artificial y algoritmos de clasificación permitiría decidir en qué pabellón ubicar a cada interno según su peligrosidad, evitando la discrecionalidad humana expuesta a corrupción.

“Los bloqueadores de señales ya existen, pero falta innovar en la gestión misma de la población penitenciaria”, explica.

En cuanto a la meritocracia, la apuesta es crear una carrera institucional similar a la del BCR, la SBS o la SUNAT.

Identificar y promover a quienes hacen bien su trabajo permitiría reducir la rotación, mejorar los controles internos y enfrentar las crisis institucionales recurrentes.

MEDIDAS URGENTES

A decir de Santander, combatir el hacinamiento requiere acciones de corto, mediano y largo plazo. En lo inmediato, pueden adoptarse medidas alternativas para quienes tienen delitos menores o procesos sin sentencia, pues una parte significativa de la sobrepoblación penal corresponde a no sentenciados.

Pero advierte que cualquier estrategia debe mirar hacia el horizonte. “El hacinamiento debilita el último eslabón del sistema de seguridad ciudadana. Sin una reforma estructural, este problema seguirá reproduciéndose”, insiste.

Mientras tanto, Arequipa vive la evidencia más clara de esa postergación. Un penal que soporta el cuádruple de su capacidad, otro entre los más hacinados del país, y una ampliación que podría tardar hasta ocho años más.

La crisis del sistema penitenciario ya no admite gestos. Requiere decisiones y, como señala Daniela Santander, decisiones que cambien la historia desde sus cimientos.