Por Carlos Meneses

La presentación de De Zela en la OEA será una prueba para toda la región. Si América Latina quiere seguir defendiendo el asilo diplomático como una tradición democrática y humanitaria, debe garantizar que no sea manipulado políticamente. Defender su esencia implica, primero, reconocer cuándo se está alejando de ella.

El viaje del canciller Hugo de Zela a Washington D. C. para sustentar ante el Consejo Permanente de la OEA la posición peruana sobre la Convención de Caracas de 1954 marca un punto de inflexión en un debate que América Latina ha evitado encarar durante demasiado tiempo: ¿sigue el asilo diplomático cumpliendo el propósito para el que fue creado? El Perú sostiene que no, o al menos no siempre, y que la región necesita revisar con honestidad un instrumento que, lejos de ser meramente jurídico, forma parte del ADN político latinoamericano.

La Cancillería ha insistido en que el objetivo de la delegación peruana es “defender la esencia y el propósito original del asilo diplomático”. Esa esencia, recuerdan, nació para proteger a perseguidos políticos en tiempos de inestabilidad, golpes militares y gobiernos autoritarios. Fue un mecanismo humanitario y un compromiso regional con la libertad. Pretender que esa finalidad permanezca intacta no es un capricho, sino un recordatorio de que las instituciones adquieren legitimidad solo cuando son usadas con responsabilidad.

El caso de Betssy Chávez —asilada en la Embajada de México y ya sentenciada por el Poder Judicial por su rol en el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022— ha colocado al Perú en una encrucijada diplomática. El Gobierno mexicano ha solicitado un salvoconducto, pero el Ejecutivo peruano considera que, antes de tomar una decisión, es necesario consultar a los Estados miembros de la OEA sobre los alcances reales del asilo diplomático y sobre si este puede invocarse cuando las acusaciones no son de persecución política, sino de delitos comunes.

Es una discusión incómoda, sin duda, pero ineludible. La región ha visto, una y otra vez, cómo el asilo se convierte en un espacio de disputa política entre gobiernos, y cómo ciertos casos terminan erosionando la credibilidad de un mecanismo destinado a proteger a quienes carecen de poder, no a quienes lo ejercieron. Cuando el asilo se usa para evitar la acción de la justicia, pierde su naturaleza humanitaria y se transforma en un instrumento de impunidad.

El Perú no propone abolir la convención ni desnaturalizarla; propone, más bien, preguntarle al continente si es hora de actualizar criterios, cerrar vacíos y reafirmar principios. La credibilidad del sistema interamericano también depende de esa claridad.