Por Carlos Meneses

El sur no puede continuar pagando por conflictos ajenos. La protesta sí; el bloqueo, no. Es hora de trazar esa línea con claridad y, sobre todo, hacerla respetar.

El reciente paro minero vuelve a poner sobre la mesa una discusión urgente y postergada: ¿hasta cuándo permitiremos que el derecho a la protesta sea utilizado para bloquear caminos, aislar regiones enteras y paralizar la vida económica y social del sur del país? La escena se repite como un ciclo desgastado: carreteras cerradas, transporte detenido, desabastecimiento en las ciudades y miles de familias afectadas sin haber tenido vela en este conflicto. Moquegua, Tacna, Arequipa y otras zonas del sur pagan nuevamente el precio de un método de presión que ya no puede ser tolerado como mecanismo legítimo.

El reclamo de un sector de los mineros informales, centrado en la ampliación del cuestionado programa REINFO, merece ser escuchado, debatido y atendido bajo criterios técnicos y legales. Nadie discute que este sector arrastra problemas estructurales y exige una solución estatal seria. Pero de allí a bloquear e incomunicar a medio país hay un trecho inadmisible. Lo más grave es que esta paralización ni siquiera representa al sector, porque los mineros artesanales  –otro sector importante- ha rechazado el paro precisamente porque no quieren ser arrastrados por agendas que consideran desinformadas o que buscan perpetuar modelos irregulares. Es decir, quienes cierran las vías no solo afectan al país; también afectan a sus propios pares.

Resulta insostenible que cada conflicto sectorial termine asfixiando al sur, una zona ya golpeada por la informalidad, la falta de inversión y la limitada conectividad. Las carreteras no pueden seguir siendo rehenes de intereses particulares. La protesta —legítima, democrática y necesaria— pierde toda validez cuando se convierte en un acto que vulnera derechos de terceros y genera pérdidas millonarias para comerciantes, transportistas, agricultores, empresarios turísticos y ciudadanos que solo intentan vivir con normalidad.

El Estado, por su parte, no puede seguir actuando como un observador pasivo hasta que el daño está hecho. Urge una política clara: diálogo temprano, presencia territorial, información transparente, pero también firmeza. La ley debe aplicarse. Bloquear vías es un delito, y permitirlo sistemáticamente solo incentiva que esta táctica se repita una y otra vez.

Los dirigentes del paro deben entender que su causa pierde legitimidad cuando el método se vuelve extorsivo. Y el gobierno debe comprender que la gobernabilidad no se sostiene si cada grupo que levanta la voz consigue imponer sus condiciones mediante la presión en carreteras.