Por Carlos Meneses

La aprobación no se recupera con discursos ni encuestas favorables, sino con hechos. Y el Perú necesita, más que nunca, hechos que devuelvan esperanza.

La última encuesta nacional vuelve a poner sobre la mesa un tema preocupante, pero ya casi normalizado: la profunda desconfianza de los peruanos hacia sus principales instituciones. El Congreso de la República y el Ministerio Público alcanzan niveles de desaprobación que rozan lo escandaloso —85.7 % y 82.2 %, respectivamente—, evidenciando una fractura grave entre el Estado y la ciudadanía.

No se trata solo de cifras. Detrás de cada porcentaje hay una historia de frustración, decepción y desencanto. La gente percibe que el Congreso legisla más en función de intereses políticos o personales que de las verdaderas necesidades del país. Los escándalos, las pugnas internas y la desconexión con la realidad de la calle han convertido al Parlamento en un símbolo de la crisis institucional. En el caso del Ministerio Público, la desconfianza se alimenta de los enfrentamientos entre fiscales, los cuestionamientos éticos y la lentitud en procesos emblemáticos. La justicia no solo debe hacerse, también debe parecer justa, y hoy no lo parece.

En el otro extremo, las Fuerzas Armadas son la única institución con una aprobación mayoritaria: 51.1 %. A pesar de los problemas estructurales, el ciudadano promedio sigue viendo en los militares un referente de disciplina, orden y patriotismo. Sin embargo, esa confianza no debería ser motivo de complacencia. La historia reciente enseña que cuando las instituciones civiles se hunden en el descrédito, el protagonismo militar puede verse tentado a ir más allá de su rol constitucional.

La Policía Nacional, con apenas 26.7 % de aprobación, también refleja el desgaste de una institución que carga con denuncias de corrupción, ineficiencia y abusos, pero que a la vez enfrenta la difícil tarea de combatir la delincuencia en un país cada vez más inseguro. La percepción ciudadana exige una reforma integral, no solo operativa, sino ética y moral.

En conjunto, estos resultados son un espejo del país: un Estado debilitado, instituciones erosionadas y una ciudadanía que ya no espera mucho de sus autoridades. Pero la solución no está en resignarse ni en destruir lo poco que queda, sino en reconstruir la confianza desde la transparencia, el servicio y la rendición de cuentas.