Por Carlos Meneses

El país necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en su capacidad de proteger la voluntad popular. Que la próxima campaña electoral sea un ejemplo de serenidad y respeto democrático depende de la firmeza con que el Estado actúe desde hoy. El miedo no puede volver a ser un actor político en el Perú.

El pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) debe ser tomado con absoluta seriedad por el Ejecutivo. Los gobernadores del país han advertido, con razón, que el clima de inseguridad y el avance del crimen organizado pueden poner en riesgo no solo la tranquilidad de los ciudadanos, sino también el desarrollo normal de las próximas elecciones. No se trata de una preocupación exagerada: en los últimos años, el poder delictivo ha penetrado en la vida política local y nacional, condicionando candidaturas, intimidando autoridades y distorsionando la voluntad popular.

Han pedido implementar un plan nacional de seguridad electoral preventiva, articulado entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y los organismos electorales. La idea es clara: anticiparse a las amenazas, fortalecer la inteligencia y garantizar presencia policial efectiva durante todo el proceso electoral. No basta con reaccionar cuando la violencia ya estalla. La prevención, como señalan los gobernadores, es el camino más responsable para proteger la democracia.

El Perú no puede permitir que el miedo o las mafias definan la política. Los ciudadanos deben poder elegir libremente a sus autoridades sin temor a represalias, extorsiones o atentados. En varias regiones —incluida Arequipa— ya se han registrado intentos de manipulación y amenazas en procesos anteriores. Ignorar esas señales sería abrirle las puertas al crimen organizado en la esfera electoral.

El Gobierno tiene, por tanto, la obligación moral y constitucional de garantizar un proceso seguro, transparente y en paz. Ello implica no solo más policías en las calles, sino también una estrategia de inteligencia efectiva que detecte posibles infiltraciones criminales en candidaturas, movimientos políticos o financiamiento ilícito.

La seguridad electoral no puede verse como una tarea exclusiva del Ejecutivo. Es una responsabilidad compartida entre todos los niveles de gobierno. Los gobernadores regionales han dado un paso al frente al advertir el riesgo; ahora corresponde al Estado responder con hechos, no con discursos.