Por: Danna Felipe B.

Regantes denuncian conexiones clandestinas y cisternas que extraen líquido de los canales; alertan que la producción agrícola de Arequipa está en riesgo.

“Si les roban agua a los agricultores, también nos la roban a todos”. La advertencia, que parece simple, resume un problema que amenaza la seguridad alimentaria del sur peruano: el robo sistemático de agua por parte de invasores de terrenos y mineros ilegales. Mientras estos grupos se enriquecen con la venta de lotes o la explotación de minerales, el recurso más vital —el agua— es desviado de su destino original: los campos agrícolas.

En los últimos años, agricultores de Arequipa denuncian la proliferación de conexiones clandestinas, cisternas ilegales y tomas no autorizadas en los canales de regadío. Estos actos ilícitos, cometidos en su mayoría de noche o en zonas poco vigiladas, están reduciendo el caudal destinado a los cultivos y, en consecuencia, afectando la producción agrícola y los precios de los alimentos en los mercados locales.

ROBO A PLENA VISTA

“Los mineros van con cisternas y extraen el agua a escondidas; los invasores colocan mangueras y tuberías camufladas en los costados de los canales. Roban de día y de noche”, denuncia Juan Orlando Huanqui Guerra, presidente de la Junta Regional de Usuarios de Arequipa.

El dirigente sostiene que este problema no es nuevo, pero se ha agravado con la expansión urbana descontrolada y la ineficacia de las autoridades. “El tráfico de terrenos y la minería ilegal son delitos comunes en todo el país, pero en Arequipa ya afectan directamente al agro. El Estado mira hacia otro lado mientras las chacras se secan”, señala.

Para Huanqui, la situación ha llegado a niveles críticos. “Una planta necesita una cantidad específica de agua. Cuando no la recibe, entra en estrés hídrico y su producción baja o muere. Ahora, con el cambio climático y el calor más intenso, el campo necesita más agua, no menos. Pero la realidad es que cada día hay más robos”.

LA JOYA, EPICENTRO DE UN PROBLEMA

El presidente de la Junta de Usuarios de La Joya Nueva, Hubert Sonco Pino, describe un escenario alarmante. “En sectores como La Cano, San Isidro y San Camilo, cientos de personas roban agua de los canales. Llegan con tanques de hasta 20 mil litros, de noche, y se llevan el líquido sin control. Nos ganan en número, logística y equipamiento”, relata.

La Junta intenta frenar el hurto, pero carece de recursos. “El presupuesto es limitado. No tenemos suficiente personal para vigilar los canales. Mientras tanto, los invasores colocan tuberías ocultas, perforan las compuertas y desvían el agua hacia sus terrenos o campamentos mineros”, explica.

Sonco advierte que la Cuenca del Chili Regulado, de la que depende gran parte de la producción agrícola regional, “está técnicamente agotada”. Arequipa, con más de 1.5 millones de habitantes, solo cuenta con siete represas principales: El Pañe, Pillones, El Frayle, Dique Los Españoles, Aguada Blanca, Bamputañe, Chalhuanca y Condoroma. Muchas de ellas, además, presentan deterioro estructural y reducida capacidad de almacenamiento.

“Si seguimos así, en pocos años no habrá suficiente agua para todos. Los agricultores, que alimentamos a la ciudad, seremos los primeros en quebrar”, advierte Sonco con preocupación.

INVASIONES SIN FRENO Y VIOLENCIA

En Majes, el panorama es similar. Fernando Olazábal Telles, presidente de la Junta de Usuarios Pampa de Majes, denuncia que los robos de agua se han vuelto cotidianos. “No es justo que nosotros paguemos el derecho de uso y que otros lleguen, abran los canales, extraigan el agua y hasta los dañen”, comenta.

Relata que las invasiones avanzan incluso sobre la faja marginal —la zona de protección de los canales—. “Vamos con maquinaria y con la Policía para retirarlos, pero vuelven. Es un ciclo interminable. Por eso hemos empezado a enmallar y tapar las tomas. No queda otra”.

Los agricultores enfrentan además la violencia. Sonco recuerda el caso de un integrante de su Junta que fue agredido mientras filmaba a personas robando agua con una cisterna. “Le golpearon e intentaron quitarle el celular. Denunciamos el hecho, pero el proceso lleva tres años sin sentencia. En cambio, cuando la Policía intervino en flagrancia, ese caso sí tuvo condena. Eso demuestra la lentitud y la falta de coordinación del sistema judicial”, lamenta.

IMPUNIDAD Y FALTA DE CONTROL

La situación se agrava porque, pese a las denuncias, las autoridades actúan poco y tarde. La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial no coordinan de manera eficaz, lo que genera impunidad. “Nosotros cumplimos con denunciar, pero si no encuentran a los responsables en flagrancia, todo se diluye. Mientras tanto, el agua sigue desapareciendo”, dice Sonco.

Huanqui coincide y asegura que los regantes viven atemorizados. “Hay grupos violentos, sobre todo mineros, que nos amenazan. Llegan con camionetas, extraen agua para sus campamentos y nadie los detiene. No podemos enfrentarnos a ellos solos. Necesitamos presencia policial y decisiones firmes”.

EL PAPEL DEL ANA

Ante la magnitud del problema, los dirigentes agrícolas apuntan a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como el organismo que debe liderar la respuesta. El presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Adolfo de Córdova Vélez, sostiene que la ANA debe ejercer su autonomía para garantizar el control, la conservación y la distribución equitativa del recurso hídrico.

“Esto afecta directamente la dotación de los agricultores. Corresponde a la Autoridad Nacional del Agua establecer un control más estricto en los canales pirateados. Las captaciones clandestinas deben ser sancionadas con rigor. No se puede permitir que, mientras unos pagan por el uso del agua, otros la roben impunemente”, enfatiza De Córdova.

Los agricultores recuerdan que ellos son los encargados de mantener los canales, reparar tomas y asegurar el riego que permite la producción de alimentos para Arequipa y el país. “Nosotros alimentamos al Perú, pero nos dejan solos en esta lucha”, resume Huanqui Guerra.

CRECIMIENTO SIN PLANIFICACIÓN

El crecimiento desordenado de la ciudad también es un factor determinante. En los últimos años, invasiones informales se han asentado cerca de canales y quebradas, afectando la seguridad hídrica y la infraestructura agrícola. Muchas de estas ocupaciones son promovidas por traficantes de terrenos, quienes venden lotes sin servicios básicos ni autorización.

“La autoridad anterior de la ANA evitó involucrarse, pero eso trajo las consecuencias que vemos hoy. Estamos conversando con el nuevo ingeniero para delimitar las fajas marginales y frenar el avance de las invasiones”, indicó Huanqui.

La situación exige un trabajo articulado entre las juntas de usuarios, la Policía, la Fiscalía y las municipalidades. Sin presencia estatal sostenida, los agricultores seguirán enfrentando solos a redes ilegales que lucran con el agua, mientras los cultivos se marchitan.

El agua —símbolo de vida y sustento— se ha convertido en el botín de los nuevos usurpadores. Los regantes lo saben: cada litro robado a los canales es menos alimento en las mesas de los arequipeños.

La lucha por el agua no es solo un tema rural o técnico; es un problema social, económico y ético. El país no puede permitirse seguir tolerando que el crimen organizado se apodere del recurso más esencial mientras el Estado permanece ausente.

Arequipa, con su vocación agrícola y su tradición de defensa del agua, enfrenta hoy una encrucijada: o se restablece la autoridad y se protege el recurso hídrico, o se permitirá que el robo y la indiferencia sequen el futuro del campo.