PERÚ COMPETITIVIDAD

En los últimos cinco años, la planilla pública nacional ha aumentado en más de S/ 34 mil millones, pasando de S/ 52 mil millones en 2021 a más de S/ 86 mil millones en 2025. Este crecimiento del gasto en 66% responde principalmente a un alza sostenida en las remuneraciones del sector público, que hoy superan en alrededor de 30% a las del sector privado, donde el sueldo de un trabajador está alineado a resultados concretos. Y lejos de moderarse, la tendencia continúa: la Ley 32513, que aprueba el presupuesto público para 2026, contempla, en solo un año, un aumento del 12% en personal y obligaciones sociales, equivalente a más de S/ 10.300 millones.

Es cierto que ofrecer salarios competitivos atrae y puede retener talento en el Estado, pero estos incrementos solo se convierten en inversión en bienestar si vienen acompañados en mejoras en la eficiencia y en la calidad de los servicios públicos. En el Perú, esto no ocurre; los incrementos del gasto en planillas crecen sin resultados visibles. El caso más ilustrativo es el Congreso de la República. Entre 2021 y 2025, su presupuesto para personal se duplicó, pasando de S/ 649 millones a S/ 1.413 millones. Y para 2026, se aprobó un aumento adicional de S/ 339 millones respecto al presupuesto institucional de apertura del 2025. Todo ello, pese a que no se observan mejoras en la calidad regulatoria de su producción legislativa.

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) analizó 48 proyectos de ley con dictamen aprobatorio de las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor del periodo legislativo 2024-2025, y reveló que ninguno cumplió con estándares mínimos de calidad regulatoria. Se identificaron proyectos que no definían con claridad el problema público, no precisaban a la población afectada ni contaban con un análisis costo-beneficio adecuado. La revisión del periodo legislativo 2021-2022 —el primer año de funciones del actual Congreso— mostró resultados igual de deficientes.

Los aumentos del gasto en planillas se han dado en todas regiones, sin distinción del nivel de gobierno. En Arequipa, a noviembre de 2025, el gasto en personal público creció 66% respecto a noviembre de 2021, equivalente a más de S/ 1.087 millones adicionales. En los gobiernos locales, la planilla se duplicó —pasando de S/ 173 millones a S/ 384 millones—, y en el Gobierno Regional creció 65% —pasando de S/ 923 millones a S/ 1.524 millones—. Sin embargo, la capacidad de los gobiernos locales y del gobierno regional para ejecutar proyectos de inversión sigue siendo deficiente: a menos de un mes de cerrar el presente año, un tercio de los proyectos con presupuesto a su cargo registran ejecución cero, es decir, no se han ejecutado ni un solo sol.

Más preocupante aún, en funciones clave para el desarrollo regional también se evidencia esta desconexión entre gasto y desempeño. Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2025, crecieron las planillas en Orden Público (+13%, S/ 25 millones), en Transporte (+253%, S/ 17 millones) y en Educación (+54%, S/ 389 millones). No obstante, en ese mismo periodo, los indicadores de gestión regional se deterioraron. En el último informe de resultados del Índice Regional de Gestión Pública, Arequipa registro un deterioro en su puntaje, debido a un aumento de homicidios (+52%), la reducción de la infraestructura vial afirmada departamental y vecinal (-17%) y la caída en la proporción de locales escolares públicos con todas sus aulas en buen estado (-2,6%).

Si queremos un Perú que avance, necesitamos una política salarial pública alineada a resultados y beneficios tangibles para la población. No se trata de oponerse a que las planillas crezcan, sino de exigir que ese mayor gasto se traduzca en mejores servicios públicos. Solo así el recurso destinado al pago de personal podrá justificarse como una inversión en bienestar y no como un costo creciente que, en la práctica, beneficia a pocos. De continuar con incrementos en las planillas del sector público sin mejoras en la gestión, solo se seguirá rigidizando el presupuesto, limitando el espacio fiscal para la inversión y reduciendo la capacidad del Estado para responder ante emergencias. Y eso ni el país ni Arequipa pueden permitirse.