Minsa revela que casos de maltrato animal aumentan. Arequipa registró 110 casos en lo que va del año, mientras a nivel nacional las denuncias ya superan las 1,500. Activistas piden campañas de esterilización y refugios municipales.

ATROPELLOS LOS MÁS FRECUENTES

El maltrato animal sigue creciendo en el Perú. Según cifras del Ministerio Público, hasta septiembre de 2025 se registraron cerca de 1,500 denuncias por crueldad o negligencia contra animales domésticos, superando las 1,200 reportadas durante todo el año 2024. De ese total, 110 casos ocurrieron en Arequipa, lo que evidencia una tendencia sostenida al alza y un problema que trasciende las fronteras regionales.

La Federación Nacional de Activistas Animalistas y Ambientalistas del Perú (FENOAAA) advirtió que el incremento de denuncias refleja dos realidades: un aumento de los casos de violencia y una mayor disposición de los ciudadanos a reportarlos. “Este año hemos visto mucho más casos que el año pasado. La violencia parece más extrema, pero también hay más sensibilidad social. La gente denuncia con mayor frecuencia”, explicó Milagros Tovar Mendoza, abogada especialista en derecho animal e integrante de la federación.

ATROPELLOS

Los atropellos encabezan las denuncias de maltrato. En la mayoría de los casos, los conductores se dan a la fuga sin auxiliar al animal herido, pese a que el Código Penal peruano obliga a brindar ayuda inmediata. También se reportan golpes, ataques con objetos punzantes, abandono y encadenamientos prolongados, que derivan en lesiones graves e incluso la muerte.

“Hay animales que permanecen amarrados durante horas o días, sin agua ni comida. Muchos terminan sufriendo accidentes fatales. Esos actos no son descuidos menores: son manifestaciones de crueldad y negligencia”, precisó Tovar.

La especialista agregó que, si se suman las denuncias por tráfico de especies silvestres, la cifra total asciende a 2,700 casos en lo que va del año. Esta realidad coloca al Perú entre los países de la región con mayor número de procesos abiertos por delitos contra los animales.

Procesos judiciales y penas vigentes

Desde su creación en 2016, FENOAAA ha acompañado más de 110 procesos judiciales por maltrato animal y actualmente gestiona 45 expedientes activos. Entre los casos más emblemáticos figuran el proceso por el perro “Plomito”, ocurrido en Lima, y otro por violación sexual a un can en Tacna, ambos próximos a iniciar juicio oral.

La Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal establece penas de hasta tres años de prisión por lesiones y hasta cinco años si el acto causa la muerte del animal. Además, contempla agravantes en situaciones de reincidencia o cuando el agresor actúa bajo los efectos del alcohol o drogas. Sin embargo, Tovar advierte que aún falta mayor celeridad en los procesos y una fiscalía especializada en cada distrito judicial.

En Arequipa, el cuidado de los animales recae principalmente en el esfuerzo de voluntarios y asociaciones civiles. Actualmente existen 30 albergues y colectivos privados que asumen labores de rescate, rehabilitación y adopción. En contraste, solo la Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con un canil formal, cuyas capacidades resultan limitadas frente a la magnitud del problema.

“Necesitamos una red de atención integral: campañas masivas y permanentes de esterilización, espacios posoperatorios y centros de custodia temporal para animales víctimas de crueldad o abandono. No basta con rescatar; hay que prevenir”, enfatizó Tovar Mendoza.

Los activistas coinciden en que la educación es la herramienta más eficaz para combatir la violencia hacia los animales. Promover el respeto y la empatía desde la escuela, así como reforzar la tenencia responsable, son pasos esenciales para revertir la tendencia.

“El maltrato animal no es un tema menor: es un reflejo de la violencia que vivimos como sociedad. Si normalizamos el sufrimiento de un ser vivo, estamos erosionando los valores de convivencia y respeto”, concluyó Tovar.

El desafío está planteado. Las cifras del Ministerio Público confirman que el maltrato animal sigue siendo un delito recurrente, pero también que la sociedad peruana empieza a tomar conciencia. Las autoridades locales y nacionales tienen la oportunidad —y la obligación— de responder con políticas públicas efectivas, campañas sostenidas y justicia real para quienes no tienen voz.