Arequipa: municipios siguen sin transparentar su gestión

Municipalidad de Islay no cumple con dar la información necesaria en su Portal de Transparencia. Solo Islay supera el 90% de cumplimiento en su Portal de Transparencia; La Unión apenas llega al 13%. El Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial también mantienen información desactualizada, pese a los llamados de control ciudadano.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la falta de actualización en los Portales de Transparencia Estándar (PTE) vuelve a evidenciar las brechas en la rendición de cuentas de los gobiernos locales de Arequipa. Según el reciente informe del Observatorio PTE Arequipa, los municipios provinciales muestran un avance desigual y, en varios casos, crítico. Islay encabeza el cumplimiento con un 94%, seguida de Camaná (80%), Caylloma (70%), Caravelí (70%) y Castilla (58%). En los últimos lugares se ubican Condesuyos (30%) y La Unión, con apenas 13% de cumplimiento.

El panorama no mejora en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ni en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), donde también persisten deficiencias en la actualización de información clave. Los Portales de Transparencia deberían contener datos actualizados sobre contrataciones, planillas, régimen laboral, adquisiciones, solicitudes de acceso a la información y visitas oficiales. Sin embargo, gran parte de estos apartados no se renuevan con la frecuencia establecida por ley, generando opacidad en el manejo de los recursos públicos.

Expertos advierten que la falta de transparencia no solo vulnera el derecho ciudadano a la información, sino que también crea condiciones favorables para la corrupción. Durante la Semana de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la Unidad de Integridad del GRA reiteró que el control ciudadano es una herramienta fundamental para prevenir irregularidades. “La vigilancia pública permite exigir que los datos se publiquen de manera completa y oportuna”, destacaron.

A nivel nacional, las cifras reflejan la magnitud del problema: las municipalidades provinciales y distritales concentran el 37% de los casos de corrupción en trámite, mientras que los gobiernos regionales acumulan el 17%, la Policía Nacional el 13%, y otras entidades el 19% restante. Pese a este panorama, los retrasos en la publicación de información son persistentes.

El GRA resalta con la demora en la difusión de sus órdenes de servicio, que pueden tardar entre 30 y 60 días en hacerse públicas. Además, el acceso de la prensa suele limitarse a conferencias programadas, lo que restringe el escrutinio independiente sobre la gestión regional.

El jefe de la Unidad de Integridad del GRA, Andy Phillips Zeballos, sostuvo que la institución mantiene una política de puertas abiertas frente a cualquier investigación. “El GRA está abierto a todas las investigaciones. Promovemos la denuncia activa: si eres testigo de un acto de corrupción, denuncia. El índice de denuncias ha crecido y damos facilidades para que las instancias competentes hagan su trabajo”, declaró. El funcionario también justificó la permanencia de varios gerentes bajo los criterios de idoneidad establecidos en la normativa vigente.

El Observatorio de Transparencia Regional busca extender su supervisión a los municipios distritales, con el objetivo de lograr un seguimiento más integral. La revisión de agendas, contratos, visitas y licitaciones forma parte de su monitoreo permanente. No obstante, sus representantes advierten que sin un compromiso real de las autoridades, el avance será limitado.

La corrupción continúa siendo una de las principales amenazas para el desarrollo nacional. Según la Contraloría General de la República, el Perú pierde cada año más de S/ 24 mil millones por actos irregulares en el sector público, equivalente al 12% del presupuesto nacional. En Arequipa, los bajos niveles de transparencia y el desinterés por actualizar la información pública mantienen un terreno fértil para la desconfianza ciudadana.

En este Día Internacional contra la Corrupción, los indicadores vuelven a recordarle al país que la transparencia no se celebra, se practica.

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  1. El incumplimiento de deberes de función administrativa estatal, que delegamos a candidatos políticos en elecciones, es secuela de la falta del cumplimiento ciudadano en la SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, MÉRITOS DEL RENDIMIENTO LABORAL Y CORRECTIVOS CIVILES Y PENALES CORRESPONDIENTE.

    Considerando, la carencia de partidos políticos patriotas, que instruyan y capaciten a estadistas, indiferencia de letrados e ignorancia dirigida y la ENTREGA DE CHEQUES EN BLANCO a los servidores temporales elegidos en base a sus ofertas, sin prevalecer: FIRMAS DE CONTRATOS NOTARIALES CON DELEGANTES QUE APORTAMOS FONDOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE PERÚ.

    Ahora que debemos consolidar, políticas nacionales e internacionales de avances con nuestras riquezas valiosas e interés mundial por desarrollar geopolíticas Siglo XXI, en Perú y Latinoamérica: es necesario obligar a congresistas y gobiernos de turno; reajusten la responsabilidad administrativa, civil y penal de nuestros delegados, que elegiremos en 2026 para legislativo y ejecutivo acorde a leyes en la materia.

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