Pablo Sánchez, fiscal supremo.

El futuro del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde pende de un hilo. A pocos días de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúe su continuidad por seis meses más en el cargo, diversos cuestionamientos y presuntas irregularidades en su gestión podrían impedir su ratificación, pues no contaría con los cinco votos necesarios.

La situación del magistrado se ha tornado crítica tras la difusión de nuevas revelaciones que vinculan su nombre con favores personales, interferencias en procesos fiscales y vínculos con personajes del caso Lava Jato. Durante su entrevista ante la JNJ, Sánchez negó haber tenido “intercambio de favores” con la fiscal suprema Delia Espinoza, aunque se le cuestiona por haber votado a favor de su designación como titular del Ministerio Público, presuntamente a cambio de que se archiven denuncias en su contra.

Sin embargo, poco después, medios nacionales revelaron que su hijo Diego Sánchez habría sido beneficiado por gestiones del fiscal Hugo Turriate Loayza, quien fue designado por Espinoza como fiscal superior provisional. El joven ingresó a trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras una “recomendación” directa de su padre, situación que despertó sospechas de tráfico de influencias.

A ello se suma un episodio del 2018, cuando el propio Sánchez fue acusado de presionar al periodista Rodrigo Rurush, de IDL-Reporteros, para frenar publicaciones relacionadas con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Aunque la falta fue reconocida públicamente por los fiscales Delia Espinoza y Tomás Gálvez, la denuncia administrativa prescribió al no presentarse dentro del plazo legal.

Sánchez también enfrenta críticas por su papel en el acuerdo de colaboración con Odebrecht, que permitió beneficios judiciales a los principales implicados del escándalo Lava Jato. Según sus detractores, el pacto fue excesivamente favorable a la empresa, dejando sin sanción a varios cabecillas.

Con estos antecedentes, la continuidad del fiscal Pablo Sánchez parece cada vez más incierta. La JNJ deberá decidir si los cuestionamientos son suficientes para cerrar el ciclo de uno de los magistrados más influyentes —y polémicos— del Ministerio Público.