Por Jorge Turpo R.

Más de 200 personas perdieron la vida en las carreteras y calles de Arequipa. Al menos 230 personas murieron a consecuencia de la imprudencia de los conductores. Los accidentes con fallecidos ya no ocurren sólo en las carreteras interprovinciales, sino también en calles y avenidas de la zona urbana.

VIDAS QUE SE ACABARON EN LAS PISTAS

El 2025 va cerrando con una cifra que hiela cualquier balance de fin de año: 230 personas murieron en accidentes de tránsito en Arequipa. En el 2024 fueron 183. El salto es brutal y elocuente. Significa un incremento cercano al 26 % en apenas doce meses y marca el nivel más alto de fallecidos por siniestros viales registrado en la región en los últimos años.

No se trata solo de números, son vidas que se apagaron en pistas, avenidas y carreteras que, en teoría, deberían servir para conectar, no para matar.

Los datos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) confirman la gravedad del panorama.

En lo que va del año se registraron más de cien accidentes con saldo fatal, una cifra que revela no solo la magnitud del problema, sino también su persistencia.

El jefe de la UPIAT Arequipa, Víctor Vargas Zegarra, advierte que detrás de la mayoría de estos hechos se repite un mismo patrón: la imprudencia.

Conductores que exceden los límites de velocidad, que se distraen al volante, que no revisan el estado de sus vehículos o que subestiman las condiciones del clima convierten cada trayecto en una ruleta rusa.

“Son cifras alarmantes que preocupan a toda la región”, resume el oficial, con la crudeza que impone la estadística.

El crecimiento no es un hecho aislado. Las cifras muestran una tendencia sostenida al alza. En 2023 se contabilizaron alrededor de 100 muertes por accidentes de tránsito en Arequipa. Un año después, el número casi se duplicó y llegó a más de 180.

El 2025 rompió cualquier contención previa y dejó en evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes para frenar la sangría en las pistas.

Un elemento especialmente preocupante es el escenario donde ocurren muchas de estas muertes. No todas se produjeron en largas carreteras interprovinciales ni en tramos de alta velocidad.

Una parte significativa ocurrió en calles y avenidas urbanas, espacios cotidianos donde peatones, motociclistas, buses y vehículos particulares conviven a diario.

El último 24 de diciembre, por ejemplo, un motociclista perdió la vida tras ser impactado por un bus del Sistema Integrado de Transporte en la intersección de las calles Estados Unidos y Guatemala, en Mariano Melgar. Ocho personas resultaron heridas.

Ese mismo día, horas antes, una joven pareja, Alexander Ramírez Cotohuanca y Yuvika Itzel Cama Ccamaqque, ambos de poco más de treinta años, murió en la carretera Arequipa–Puno, a la altura de Pillones. La Navidad llegó envuelta en luto.

LA MAYOR TRAGEDIA

El punto más oscuro del año se registró en noviembre, cuando Arequipa vivió la mayor tragedia vial de su historia reciente.

Un bus de la empresa Llamosas, que viajaba de Chala a Arequipa, cayó a un abismo de casi 200 metros en la Panamericana Sur, en el sector de Ocoña, provincia de Camaná, tras chocar con una camioneta.

El saldo fue devastador: 37 personas fallecidas y más de 20 heridas. Las investigaciones confirmaron que el conductor de la camioneta manejaba en estado de ebriedad.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná logró nueve meses de prisión preventiva contra Henrry Apaclla, acusado por homicidio y lesiones culposas. La tragedia expuso, de la manera más brutal, los efectos de combinar alcohol, velocidad y falta de control.

El drama de Arequipa no es ajeno al contexto nacional. En el Perú, alrededor de 3 mil personas mueren cada año por accidentes de tránsito. Informes policiales señalan que en casi el 90 % de los casos la causa principal es el error humano: exceso de velocidad, desatención, maniobras imprudentes o consumo de alcohol. No es el camino el que falla primero, sino quien lo transita.

¿QUÉ HACER?

Frente a este escenario, las autoridades insisten en que la reducción de accidentes exige algo más que operativos esporádicos.

Vargas Zegarra plantea un enfoque integral, que combine decisiones políticas firmes, inversión en infraestructura, control efectivo, educación vial y cambios profundos en el comportamiento de los conductores.

La Policía Nacional ha anunciado el refuerzo de controles de velocidad y alcoholímetro en tramos críticos, así como coordinaciones con municipalidades para fiscalizar el transporte urbano e interprovincial. Pero el desafío va más allá de la sanción.

Reducir las muertes en las pistas implica asumir que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.

Empieza en leyes claras y aplicadas sin excepciones, continúa en carreteras bien diseñadas y señalizadas, y se sostiene en una cultura ciudadana que valore la vida por encima de la prisa.

Revisar frenos, respetar límites, evitar el celular, no conducir bajo los efectos del alcohol y entender que cada decisión al volante puede tener consecuencias irreversibles no debería ser un mensaje de campaña, sino una norma cotidiana.

Las cifras del 2025 ya hablaron. Ignorarlas sería condenarse a repetir la tragedia.