PERÚ COMPETITIVIDAD

Entre 2002 y 2013, el Perú creció en promedio cerca de 6,1% anual. Fue un período que permitió avances importantes: se amplió el acceso a servicios básicos e infraestructura y mejoraron los servicios públicos en salud y educación, aunque no lo suficiente como para cerrar completamente las brechas. Con el paso de los años, ese impulso se fue perdiendo y la economía entró en una etapa de menor crecimiento. Si bien en 2024 el país creció 3,3%, y para el cierre de 2025 y el período 2026–2027 se proyecta un crecimiento alrededor del 3%, según el BCRP, seguimos lejos de las tasas que el país supo alcanzar. Y esa distancia importa: con un crecimiento más bajo se puede avanzar, sí, pero demasiado lento para cerrar las brechas que persisten.

En Arequipa, según el último reporte del INEI, todo apunta a que la región cerraría el año con un crecimiento de alrededor de 2,5%, por debajo del crecimiento del país y muy lejos de la senda de crecimiento de más de 6% que se logró en sus mejores años. Este menor dinamismo preocupa porque la región aún enfrenta brechas básicas que no se corrigen por inercia. Hoy, alrededor de una de cada tres familias no cuenta simultáneamente con los cuatro servicios básicos –agua, saneamiento, alumbrado y energía–; apenas el 28% de la red vial nacional está pavimentada; el 97% de establecimientos de salud de primer nivel de atención cuentan con capacidad instalada inadecuada y el 30% de locales escolares presentan deterioro crítico.

La pregunta, entonces, es qué puede cambiar esta trayectoria. La respuesta pasa, en buena medida, por la inversión. En promedio, durante los últimos diez años, cerca del 80% de la inversión en el país ha provenido del sector privado y alrededor del 20% del sector público, por lo que el dinamismo de la inversión privada es indispensable para sostener el crecimiento. Pero ese motor no opera solo: para que la inversión privada se traduzca en más producción y empleo, necesita que la inversión pública cumpla su rol habilitante, cerrando brechas y mejorando las condiciones para producir y expandirse. En 2025, el BCRP estima que la inversión privada cerraría el año creciendo alrededor de 9,5%, mientras que la inversión pública lo haría en torno a 5,5%. Ese avance es una señal positiva, pero su impacto dependerá de que la inversión pública se convierta efectivamente en obras y servicios que reduzcan costos, mejoren condiciones y hagan viables más proyectos

Pero para que la inversión pública cumpla ese rol, lo decisivo es la ejecución. Hoy, el principal límite está en la gestión. Hay proyectos que, aun teniendo presupuesto, no ejecutan ni un sol: a puertas de cerrar el año, el 26% de los proyectos de inversión pública a nivel nacional no registra ejecución; en Arequipa, este porcentaje es mayor, con 29%, equivalente a 1.047 proyectos. A ello se suman obras que sí empiezan, pero se demoran años en concluirse, por lo que sus beneficios se postergan y el impacto sobre la economía se diluye. Un ejemplo es la modernización del Hospital Goyeneche: su ejecución inició en 2017 y, tras ocho años, solo registra un avance de 4,6%. A este ritmo, la obra tardaría más de un siglo y medio en completarse.

Estas limitantes hacen que, aun cuando la inversión viene creciendo, el impulso sea insuficiente para sostener una senda de crecimiento más elevada. Superarlas es clave porque la inversión privada —que concentra la mayor parte de los recursos— es la que amplía la capacidad productiva, incorpora tecnología y genera empleos de mayor productividad, mientras que la inversión pública cierra brechas y hace posible esa expansión privada al mejorar infraestructura y elevar la calidad de los servicios básicos. Cuando ambas avanzan de manera coordinada, se refuerzan entre sí y el crecimiento se acelera. Un crecimiento más alto y sostenido permite generar más empleo e ingresos, fortalece la recaudación y crea el espacio fiscal y económico necesario para seguir invirtiendo en infraestructura, servicios y capital humano.