Por Carlos Meneses

Arequipa no necesita más diagnósticos; necesita ejecución y prevención. Porque cuando una escuela se inunda o se derrumba, no solo se pierde infraestructura: se erosiona la confianza en las instituciones y se posterga, una vez más, el futuro de nuestros niños y adolescentes.

Las lluvias que en las últimas semanas se intensificaron en Arequipa han vuelto a poner en evidencia una realidad que se repite año tras año: la fragilidad de la infraestructura educativa frente a los embates del clima. Dos colegios —Nuestra Señora María del Pilar, en Cháparra, y El Altiplano, en Yura— ya registran daños antes incluso de iniciar el año escolar. Lo preocupante no son solo los techos que ceden o los muros que se agrietan, sino la falta de previsión y acción oportuna de las autoridades responsables.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) ha informado que 69 instituciones educativas están en situación de riesgo alto y otras 85 requieren mantenimiento. Cifras que, más allá del dato técnico, revelan un grave descuido estructural. En muchos casos, los colegios superan con creces su periodo de vida útil y continúan albergando cientos de estudiantes sin las condiciones mínimas de seguridad. Frente a ello, la respuesta inmediata del sector —la instalación de aulas prefabricadas— es una medida paliativa, no una solución de fondo.

El problema no se resuelve con carpas o módulos temporales, sino con una política sostenida de infraestructura educativa resiliente, adaptada al contexto climático y geográfico de cada provincia. Arequipa no puede seguir improvisando cada temporada de lluvias. Si la GREA ya identificó los colegios en riesgo, el Gobierno Regional debe actuar con rapidez y transparencia en la ejecución de obras, priorizando la seguridad de los estudiantes y docentes.

Lo ocurrido en Cháparra es un ejemplo claro de cómo la desatención y la falta de cumplimiento de recomendaciones técnicas derivan en pérdidas materiales evitables. Las instituciones educativas no pueden seguir expuestas a torrenteras o zonas vulnerables solo porque no se planificó su reubicación. La educación pública no puede depender del azar ni del clima.

El inicio del año escolar debe ser una oportunidad para que el Estado demuestre que aprendió de los errores. No basta con inspeccionar ni con emitir comunicados. Se requiere gestión, vigilancia y compromiso ciudadano. Cada aula dañada simboliza un derecho vulnerado: el de acceder a una educación segura y digna.