Por Jorge Turpo R.

La empresa que organizó la Feria Arequipa 2025 se creó dos meses antes del evento y tras tener ganancias millonarias fue dada de baja ante Sunat. El presidente de la CCIA, Carlos Fernández, deslindó participación de su institución y exige que se determinen responsabilidades.

LA FISCALÍA TIENE EL CASO EN SUS MANOS

El Campo Ferial de Cerro Juli, uno de los activos públicos más importantes de Arequipa, se ha convertido en el símbolo de una promesa incumplida y de una cadena de decisiones que, lejos de corregir los problemas del pasado, habrían agravado la situación.

Lo que fue presentado por el Gobierno Regional como el fin de una “mala concesión” y el inicio de una gestión más transparente y rentable, hoy es cuestionado por presuntos malos manejos, falta de control y posibles beneficios a terceros sin que la región reciba un solo sol a cambio.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, decidió no renovar el contrato de concesión con la Asociación Empresarial Cerro Juli, asegurando que el recinto ferial tendría un nuevo rumbo: sería usado prioritariamente para eventos agrícolas, convenciones y actividades que generen mayores utilidades para Arequipa.

Sin embargo, desde que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), propietario del predio, transfirió el campo ferial al Gobierno Regional de Arequipa, el proceso quedó atrapado en un limbo administrativo.

La idea original era clara, el Campo Ferial debía ser transferido al Fondo de Desarrollo Regional (FDR), una entidad creada para darle un manejo empresarial y profesional al recinto. Este fondo está integrado por el propio Gobierno Regional, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) y la Junta de Usuarios.

No obstante, pese a que el fondo ya está constituido formalmente, hasta hoy no se ha concretado la transferencia del campo ferial a esta instancia.

Mientras esa indefinición se prolongaba, el recinto continuó siendo utilizado. En 2025 se desarrolló la Feria Arequipa 2025. Es precisamente en el contexto de la organización de ese evento donde surgen las denuncias más graves.

DENUNCIA PENAL

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, presidida por Carlos Fernández, presentó el último 19 de enero una denuncia ante el Ministerio Público alertando sobre presuntas irregularidades en el uso del Campo Ferial de Cerro Juli.

Según la denuncia, durante la organización de la feria se habría utilizado indebidamente el nombre y la imagen institucional de la Cámara de Comercio, sin que esta participe ni autorice la gestión del evento.

La CCIA deslindó públicamente cualquier responsabilidad y advirtió que se habrían realizado actos que podrían configurar aprovechamiento indebido del recinto ferial en beneficio de terceros.

En la denuncia presentada por la CCIA se identifica como empresa beneficiada con el uso del campo ferial a Bespouk Entertainment S.A.C., cuyo gerente general es Diego Ballón Pareja.

Según el documento, esta empresa fue constituida apenas dos meses antes de la realización de la Feria Arequipa y, pese a no acreditar experiencia previa en la organización de eventos de gran magnitud, obtuvo el control del recinto sin que mediara concurso público, licitación ni invitación a otras propuestas.

En sus descargos formales, Ballón Pareja sostiene que la empresa actuó dentro de la legalidad, que el contrato fue suscrito directamente con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y que las actividades desarrolladas generaron mejoras en el campo ferial, especialmente en áreas verdes y mantenimiento.

Según información extraoficial, que tendrá que verificar la fiscalía, la empresa Bespouk Entertainment S.A.C. habría obtenido utilidades que superan los tres millones de soles por alquiler de stands, conciertos y otros eventos.

Lo curioso del negocio de Ballón Pareja, es que una vez que tuvo ganancias millonarias, su empresa fue dada de baja de oficio en la Sunat. Lo que refuerza la sospecha de un aprovechamiento privado de un bien público sin beneficio alguno para la región

El Midagri le otorgó el uso del campo ferial sin convocar a un concurso público, licitación o siquiera una invitación a varias empresas para evaluar la mejor propuesta económica y técnica.

Para la Cámara de Comercio, este hecho refuerza la sospecha de que el uso del Campo Ferial de Cerro Juli pudo haber sido diseñado para un beneficio puntual y efímero, sin dejar réditos ni responsabilidades posteriores para la región.

SILENCIOS

Desde la CCIA se cuestiona también el silencio de las autoridades regionales. A pesar de que el gobernador reclamó el recinto ferial bajo el argumento de proteger los intereses de Arequipa, hasta ahora no se ha informado qué utilidades concretas se generaron, cuánto ingresó al Estado ni por qué se permitió que terceros administren el espacio sin un proceso transparente.

En la práctica, el campo ferial dejó de estar en manos de una concesión cuestionada para pasar a un esquema aún más opaco.

La denuncia firmada por Carlos Fernández solicita al Ministerio Público que se determinen responsabilidades y se identifique a las personas naturales o jurídicas que se habrían beneficiado indebidamente del uso del recinto.

Asimismo, advierte que el Midagri, como entidad propietaria, no habría cumplido con los principios de transparencia, competencia y eficiencia en la administración de un bien público.

En paralelo, el Consejo Regional de Arequipa conformó una comisión investigadora para analizar el uso del Campo Ferial de Cerro Juli. Esta comisión es presidida por el consejero César Huamantuma, quien ha adelantado que ya se vienen identificando presuntas irregularidades. Aunque el informe final se presentará en un plazo de dos meses, Huamantuma fue claro en un punto: hasta el momento, el campo ferial no le ha generado ningún beneficio económico al Gobierno Regional.

Ese dato resume el núcleo del problema. El recinto ferial, uno de los espacios con mayor potencial económico de la región, no ha aportado ingresos, no ha fortalecido la institucionalidad y, por el contrario, ha abierto una nueva controversia sobre su manejo. La promesa de un uso más eficiente y rentable no se ha cumplido.

Para la Cámara de Comercio, el caso de Cerro Juli demuestra que el problema no era únicamente la concesión anterior, sino la falta de un modelo claro y transparente de gestión.

El remedio ha resultado peor que la enfermedad. Se desmontó un esquema cuestionado, pero no se implementó uno mejor; se retiró a un concesionario, pero se permitió que terceros operen sin reglas claras ni beneficios para la región.

En el trasfondo, el Campo Ferial de Cerro Juli sigue sin rumbo. El Fondo de Desarrollo Regional, creado precisamente para evitar este tipo de situaciones, continúa esperando la transferencia del predio. Mientras tanto, el espacio permanece expuesto a decisiones improvisadas, intereses particulares y un silencio oficial que alimenta la desconfianza.

El caso ya está en manos del Ministerio Público y bajo la lupa del Consejo Regional. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad administrativa o penal de determinados funcionarios o empresas, sino la credibilidad del Gobierno Regional y su capacidad para administrar bienes públicos estratégicos.