Por: Carlos Meneses

Cerro Juli debía ser un motor de desarrollo y un símbolo de modernización institucional. Hoy es, más bien, un espejo de la desidia y la falta de control. Corresponde al Ministerio Público actuar con independencia y rigor, porque en sus manos está no solo la verdad jurídica del caso, sino la posibilidad de recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública.

El caso del Campo Ferial de Cerro Juli representa un nuevo capítulo en la larga historia de improvisaciones, silencios y presuntos malos manejos que afectan a los bienes públicos de Arequipa. Lo que debía convertirse en un ejemplo de gestión transparente y productiva terminó sumido en la incertidumbre y en sospechas que hoy merecen una investigación a fondo.

La denuncia presentada por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) ante el Ministerio Público revela hechos graves: el uso indebido del recinto ferial y de la imagen institucional de la propia Cámara durante la organización de la Feria Arequipa 2025, así como la intervención de una empresa sin experiencia previa, constituida apenas dos meses antes del evento y hoy dada de baja en la Sunat, pese a haber obtenido ganancias millonarias.

Nada de ello es menor. Se trata de un bien público, propiedad del Estado peruano, que debe ser administrado con transparencia y en beneficio directo de la región. La decisión del Gobierno Regional de Arequipa de asumir la conducción del recinto, tras el término de la concesión anterior, se justificó bajo la promesa de un manejo más eficiente y honesto. Sin embargo, la realidad muestra un escenario más opaco que el que se quiso corregir.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), propietario del predio, otorgó el uso del campo ferial sin concurso público ni proceso de selección transparente. El Gobierno Regional, por su parte, no ha informado cuáles fueron los ingresos generados ni cómo se garantizó que las actividades beneficiaran al erario regional. El silencio oficial y la falta de rendición de cuentas alimentan la sospecha de que, nuevamente, los intereses particulares se impusieron sobre el interés público.

El Consejo Regional ha iniciado una investigación, y la Fiscalía tiene ahora la oportunidad de esclarecer los hechos y sentar un precedente. La ciudadanía merece saber quién se benefició, cuánto se recaudó y por qué el recinto ferial, pese a su enorme potencial, no ha producido beneficio alguno para Arequipa.