Por: Carlos Meneses

En una sala de partos no hay espacio para disputas, silencios ni excusas. Hay vidas en juego. Si la autoridad sanitaria no corrige esta situación con rigor y urgencia, cada nuevo nacimiento en el Goyeneche será también un recordatorio de una herida institucional que sigue abierta.

El reciente video grabado en la sala de partos del hospital Goyeneche, donde se observa a una pediatra y una obstetra discutiendo en plena atención de un parto, no solo ha causado indignación, sino que ha vuelto a poner en evidencia una crisis institucional que se repite y agrava. No es la primera vez que algo así ocurre. Ya existían denuncias previas, incluso un video anterior, que mostraban la misma falta de coordinación y respeto entre profesionales de la salud en el momento más delicado: el nacimiento de un bebé.

Frente a esta nueva exposición pública, la Gerencia Regional de Salud (GERESA) ha anunciado la conformación de una comisión investigadora para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Es una reacción necesaria, pero también tardía. La respuesta institucional llega después de la condena ciudadana, y no como resultado de una supervisión constante que debió prevenir estas conductas.

Las imágenes son, además de inaceptables, profundamente dolorosas. Una madre en pleno trabajo de parto, un bebé en riesgo y profesionales que, en lugar de actuar con serenidad y compromiso, se enfrentan en medio del procedimiento. Ninguna diferencia técnica o normativa puede justificar esa falta de ética y empatía. En un entorno donde la prioridad absoluta debe ser la vida, la discusión y el descontrol son sinónimos de negligencia.

La directora del hospital, reconoció que no es la primera vez que ocurren conflictos en obstetricia. Si esta situación se repite, ya no hablamos de hechos aislados, sino de un problema estructural, donde la falta de liderazgo, supervisión y protocolos claros ha permitido que el desorden se normalice. Lo que debería ser un espacio de colaboración y humanidad se ha convertido en un escenario de tensiones internas, en perjuicio de las mujeres y sus hijos.

La comisión investigadora deberá ir más allá de la sanción individual. Es urgente revisar las condiciones laborales, las relaciones jerárquicas y la formación en atención humanizada. No basta con castigar a quienes discutieron: es necesario transformar la cultura institucional que tolera el maltrato y la descoordinación.

La Defensoría del Pueblo ha pedido separar temporalmente a los implicados, y tiene razón. No pueden seguir atendiendo partos quienes han demostrado una conducta incompatible con la responsabilidad que exige esa tarea. El hospital Goyeneche debe recuperar la confianza de los ciudadanos, no con comunicados, sino con acciones firmes y transparentes.