El inicio del 2026 muestra una señal de alerta para la inversión pública en Arequipa. La región cuenta con un presupuesto de inversión de S/2.532 millones, monto que es 6% menor al registrado en enero de 2025. Además, el monto ejecutado (S/72 millones) es 19% menor en comparación con enero del año anterior, lo que evidencia no solo una menor disponibilidad de recursos, sino también una pérdida de capacidad de arranque.

Este desempeño muestra contrastes claros por nivel de gobierno. En primer lugar, las municipalidades de Arequipa muestran una evolución favorable, con una ejecución de S/50 millones, lo que representa un incremento interanual de 6% respecto a enero de 2025. En contraste, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Regional de Arequipa exhiben caídas significativas en su desempeño en la región. En el caso del Gobierno Nacional, la ejecución alcanzó S/16 millones, lo que equivale a una reducción interanual de 39%, mientras que el Gobierno Regional de Arequipa ejecutó apenas S/5 millones, registrando una caída de 62% respecto a enero del año anterior.

Sin embargo, no solo es preocupante los bajos niveles de ejecución, sino también la falta de continuidad presupuestal de los proyectos no culminados. En Arequipa, existen 229 proyectos del 2025 que no han culminado y que no cuentan con presupuesto asignado para el 2026. En conjunto, estos proyectos suman un costo de S/3.580 millones y registran un avance inferior al 20% de su costo total de inversión, lo que implica que más del 80% de la inversión comprometida permanece pendiente y enfrenta un alto riesgo de retraso o paralización.

Esta situación resulta especialmente crítica en el sector educación. En Arequipa, se identifican 25 proyectos educativos no culminados y sin presupuesto para el 2026, que en conjunto representan una inversión de S/214 millones. A la fecha, estos proyectos solo han ejecutado menos del 20% de su costo, representando un avance limitado y un riesgo de retraso o paralización, en un contexto en el que 4 de cada 10 colegios presentan al menos un aula en mal estado.

Entre estos proyectos destacan casos como el mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. 40040 José Trinidad Morán, en el distrito de Cayma, con un costo de S/13 millones y un avance de apenas 1% desde su inicio en 2024. En contraste, el mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 40392 José A. Encinas Franco, en la localidad de Imata, alcanza una inversión de S/9 millones y una ejecución de 82% desde su inicio en 2017. Estos casos evidencian problemas de priorización y continuidad de la cartera de proyectos educativos, donde proyectos con avances muy iniciales coexisten con otros próximos a culminarse, pero sin una asignación presupuestal que garantice su continuidad y finalización de obra. De mantenerse esta situación, existe el riesgo de prolongar obras inconclusas, inmovilizar recursos ya invertidos y retrasar la provisión efectiva de servicios educativos para la población.

En este contexto, Arequipa enfrenta un desafío que va más allá del nivel de gasto ejecutado en los primeros meses del año. La ausencia de una priorización clara y de criterios de continuidad en la programación presupuestal está debilitando la capacidad de la región para transformar la inversión pública en servicios efectivos. Sin un enfoque que permita concentrar esfuerzos en culminar inversiones en curso y evitar la dispersión del gasto, la inversión pública perderá impacto y se profundizará el rezago en sectores clave como educación.