Magister en Ciencia Política

Las elecciones generales de 2026 en el Perú se anuncian como un hecho sin precedentes, no por una supuesta profundización de la democracia, sino por la magnitud de las distorsiones que vuelven a evidenciar las fallas estructurales del diseño institucional de la representación política. Más de treinta listas presidenciales y más de siete mil candidatos al Congreso —entre senadores y diputados— competirán en un proceso que, lejos de fortalecer la voluntad popular, amenaza con erosionarla.

A primera vista, la proliferación de candidaturas podría interpretarse como una expresión de pluralismo. Sin embargo, en un contexto de partidos débiles, sin arraigo social ni identidad programática, esta atomización no amplía la democracia, sino que la vuelve ininteligible para el elector. El ciudadano no solo debe elegir entre más de treinta planchas presidenciales, sino también discriminar entre cientos de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, muchos de ellos completamente desconocidos y sin trayectorias políticas claras.

En ese escenario, el voto informado se convierte en una aspiración más que en una realidad. El sistema termina beneficiando no a quienes presentan mejores propuestas o mayores capacidades, sino a quienes logran mayor recordabilidad. Esta visibilidad no necesariamente proviene del debate de ideas, sino de hechos coyunturales: una aparición mediática, un escándalo, una cobertura periodística llamativa o, en el peor de los casos, prácticas clientelares como la entrega de prebendas o dádivas individuales a potenciales electores. El resultado es previsible: candidatos elegidos no por representar intereses colectivos, sino por haber sido los más visibles o los más eficaces en movilizar recursos en espacios reducidos.

No sorprende entonces que, bajo estas reglas, puedan resultar electos parlamentarios con menos de cinco mil votos. Es decir, representantes con un respaldo ciudadano ínfimo que, sin embargo, acceden a cuotas significativas de poder político. La paradoja es evidente: mientras el sistema exige una enorme carga cognitiva al elector, termina produciendo autoridades con una legitimidad extremadamente débil.

Este problema se agrava si se observa la experiencia presidencial reciente. En las últimas elecciones, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta no superaron el 15 % de los votos válidos en la primera ronda. La segunda vuelta, concebida como un mecanismo para garantizar mayor legitimidad, terminó siendo apenas un procedimiento formal que no corrigió la falta de respaldo social de los candidatos. De repetirse una distribución proporcional similar en 2026, con más de treinta listas en competencia, no sería descabellado que quienes accedan al balotaje lo puedan hacer con menos de 10% de la votación efectiva en la primera vuelta.

Las consecuencias de este diseño institucional no son abstractas. Desde hace más de una década, el país ha normalizado un mecanismo de sucesión constitucional profundamente problemático: la vacancia presidencial. En ese contexto, la jefatura del Estado ha recaído en representantes del Congreso que, tras haber sido elegidos con votaciones marginales, terminan colocándose la banda presidencial sin contar con la más mínima legitimidad democrática directa. Se trata de una anomalía que combina presidentes débiles de origen con congresistas aún más débiles, pero con enorme capacidad de decisión institucional.

Así, el sistema produce una cadena de legitimidades precarias: presidentes electos con apoyos mínimos, congresos fragmentados y poco representativos, y eventuales jefes de Estado surgidos de mayorías parlamentarias circunstanciales. Lejos de corregirse, esta dinámica parece intensificarse con cada nuevo proceso electoral.

Las elecciones de 2026 no deberían celebrarse como una fiesta electoral, como comúnmente se le denomina en nuestro país, sino asumirse como una señal de alerta. Sin reformas que fortalezcan el sistema de partidos, reduzcan la fragmentación, limiten los incentivos al clientelismo y eleven los estándares de representación, el país seguirá teniendo un ciclo de elecciones formales, pero de frágil legitimidad.

En ese escenario, el problema no es solo quién gana, sino qué el ganador de la Presidencia de la República representaría a una minoría relativa muy poco representativa del total de electores.