Por: Carlos Meneses

Firmar el Pacto Ético es un primer paso; cumplirlo, el verdadero desafío. La democracia peruana necesita menos juramentos y más coherencia, menos promesas y más respeto por la palabra empeñada. En tiempos de polarización, la ética no es un lujo: es la condición mínima para recuperar la confianza y la legitimidad de la política.

El llamado del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a las agrupaciones políticas que aún no suscriben el Pacto Ético Electoral es más que una formalidad previa a los comicios del 2026: constituye un recordatorio de la urgencia de devolverle a la política peruana su sentido más noble, hoy erosionado por la desconfianza ciudadana y el descrédito de los partidos.

La exhortación —suscrita por la presidenta del colegiado, Mariela Noles Cotito, junto a los miembros — recuerda que adherirse al Pacto Ético no es un acto simbólico, sino una declaración pública de respeto, responsabilidad y transparencia frente al electorado. Implica comprometerse con una competencia limpia, sin campañas de difamación, manipulación mediática ni promesas imposibles que solo alimentan el desencanto social.

Desde su creación, el Pacto Ético Electoral ha buscado promover principios básicos de convivencia democrática: la veracidad en el discurso, el respeto al adversario, la rendición de cuentas y la igualdad de condiciones en el proceso. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado que muchos partidos lo suscriben solo por obligación o cálculo político, sin asumir realmente su espíritu. Basta recordar las campañas recientes, donde las mentiras, la desinformación y el insulto reemplazaron al debate de ideas.

La exhortación del Tribunal de Honor llega en un momento clave. A menos de tres meses del inicio formal de la campaña, el país asiste nuevamente a un escenario de fragmentación y populismo. Algunos candidatos recurren a la confrontación o al discurso fácil para captar titulares, mientras otros prefieren el silencio cómplice frente a la corrupción o las irregularidades internas. En ese contexto, el Pacto Ético Electoral no debería verse como un trámite, sino como una oportunidad para marcar distancia de esas prácticas.

El compromiso ético debe ser también vigilado por la ciudadanía. El JNE ha habilitado canales de denuncia para reportar incumplimientos, una herramienta valiosa que puede ayudar a sancionar comportamientos que dañen el proceso democrático. Pero el verdadero control no vendrá solo desde las instituciones, sino desde el voto informado y la exigencia pública de integridad.