Ante la imposibilidad de cerrar el déficit habitacional en Arequipa, la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (GRVCS) priorizará la construcción de viviendas rurales. Con un enfoque realista, la entidad concentrará sus esfuerzos en reducir el déficit de 1.300 viviendas ubicadas en provincias altoandinas con mayores índices de pobreza, mediante el programa de “casitas calientes”.

Según el último estudio de vivienda realizado en 2024, el déficit habitacional en Arequipa supera las 110 mil viviendas. En los últimos tres años, el avance en el cierre de la brecha fue limitado, por lo que en el último año de gestión se potenciará la ejecución de viviendas rurales dirigidas a familias en situación de pobreza extrema, en zonas donde el acceso a una vivienda formal sigue siendo restringido.

Giovanna Manchego Mendoza, titular de la GRVCS, indicó que una meta viable para el 2026 contempla la culminación de 1.000 bonos habitacionales, más de 100 viviendas rurales en ejecución y la proyección de unas 200 adicionales.

“Es imposible que un gobierno regional pueda cerrar un déficit habitacional de más de 100 mil viviendas, pero una meta plausible es avanzar con alrededor de 1.400 soluciones habitacionales, considerando que el presupuesto regional también debe atender salud, educación y transporte”, señaló.

La funcionaria precisó que la prioridad estará en provincias altoandinas como La Unión, Castilla y Caylloma, donde persiste un déficit estimado de 1.300 viviendas rurales. Añadió que el Gobierno Regional de Arequipa destinó recursos del canon para este fin y autorizó nuevas gestiones para ampliar la cobertura mediante obras por impuestos, a fin de sostener la intervención en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Manchego Mendoza señaló además que la gerencia retomará las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda para ampliar el alcance de los programas habitacionales, tanto en el ámbito rural como urbano. Indicó que las conversaciones se encuentran en una etapa inicial debido al inicio del año fiscal, en un contexto donde la magnitud de la brecha habitacional supera las capacidades financieras del gobierno regional.