REFLEXIONES

A medida que el Perú se encamina hacia un nuevo proceso de elecciones generales, el panorama que empieza a dibujarse resulta, cuando menos, inquietante. Basta con revisar entrevistas, debates preliminares o presentaciones públicas de algunos aspirantes a cargos de representación para advertir un problema de fondo: un preocupante desconocimiento de las funciones básicas del Estado y, en particular, del rol que corresponde al Legislativo.

El caso de varios candidatos al Congreso es ilustrativo. No son pocos los que formulan propuestas que poco o nada tienen que ver con la labor de un legislador. Prometen construir hospitales, ejecutar obras de infraestructura, crear programas sociales o intervenir directamente en la gestión administrativa del Ejecutivo. Se trata, en rigor, de funciones ajenas al Parlamento. La tarea del congresista –legislar, fiscalizar, representar– parece diluirse en un discurso improvisado que confunde deliberadamente los poderes del Estado o, peor aún, revela una ignorancia genuina sobre ellos.

Este fenómeno no es anecdótico ni atribuible únicamente a la inexperiencia individual. Es, más bien, el síntoma visible de un problema estructural: el colapso del sistema de partidos políticos y su profunda debilidad institucional. Los partidos han dejado de cumplir su función esencial de formación, selección y promoción de cuadros. En lugar de ser espacios de debate programático y construcción de liderazgos, se han convertido –en muchos casos– en simples plataformas electorales de corto plazo, sin identidad ideológica ni exigencias mínimas de idoneidad.

El resultado es previsible. Listas parlamentarias integradas por candidatos sin preparación, sin comprensión del cargo al que aspiran y sin una visión clara del país. No se trata de exigir tecnocracia pura ni de negar el valor de la representación social diversa, sino de reconocer que la democracia representativa requiere, al menos, un piso básico de competencia y conocimiento institucional.

El problema no termina en la campaña. Si esta es la calidad del debate previo, cabe preguntarse qué tipo de deliberación legislativa tendremos a partir del 2026. Un Congreso compuesto mayoritariamente por representantes que desconocen sus atribuciones difícilmente podrá ejercer un control efectivo del poder, producir leyes de calidad o contribuir a la estabilidad democrática.

Abordar este tema no es un ejercicio de pesimismo, sino de responsabilidad cívica. La degradación de la representación política no ocurre de la noche a la mañana; es el resultado de años de abandono institucional y de una tolerancia peligrosa frente a la improvisación. Nombrar el problema, describirlo con claridad y discutirlo abiertamente es el primer paso para revertirlo. El tiempo electoral ya está en marcha, y el silencio, en este caso, también es una forma de complicidad.