Por Carlos Meneses

La burocracia, la falta de gestión efectiva y la débil planificación siguen retrasando el derecho a la salud en Arequipa.

La historia se repite y la paciencia ciudadana se agota. Los hospitales Maritza Campos en Cerro Colorado y Camaná continúan atrapados en una red de trabas administrativas, decisiones tardías y procesos fallidos que reflejan la precariedad de la gestión pública regional. Ambos proyectos, concebidos para fortalecer la atención médica en dos zonas estratégicas de la región, siguen paralizados, mientras miles de pacientes —en especial los de bajos recursos— deben peregrinar a otros establecimientos saturados para recibir atención.

En el caso del hospital Maritza Campos, el dilema no es económico, sino legal. Aunque se cuenta con financiamiento asegurado mediante endeudamiento interno, la ejecución no puede avanzar plenamente debido a un problema de patrimonialización de los equipos médicos almacenados en su interior. Más de 400 equipos permanecen inmovilizados, sin poder ser reubicados ni utilizados, por la falta de un marco normativo claro que permita su redistribución. Es el tipo de ineficiencia que no depende de la falta de recursos, sino de la ausencia de decisiones oportunas y de previsión legal.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha anunciado la presentación de una ordenanza regional para destrabar este impasse. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿por qué esperar a que las obras estén por reiniciarse para actuar? Esta demora refleja una gestión que reacciona más que planifica, que soluciona problemas cuando ya se convirtieron en obstáculos mayores.

El panorama en Camaná no es mejor. La convocatoria pública para contratar a una empresa que culmine el hospital fue declarada desierta, pese a existir un estudio de mercado previo. La falta de postores es un síntoma preocupante: o los términos de referencia no resultan atractivos, o el proceso carece de transparencia y confianza para las constructoras. En cualquier caso, el resultado es el mismo: más tiempo perdido, más pacientes desatendidos.

Ambos casos revelan una constante en la administración regional: la incapacidad de ejecutar proyectos esenciales con eficiencia y previsión. En salud, la improvisación se paga caro, y las víctimas son siempre las mismas: las familias que dependen del sistema público para acceder a servicios médicos dignos.

La reactivación de estos hospitales no debería ser solo un asunto técnico o presupuestal, sino un imperativo moral y político. Si el GRA aspira a recuperar la confianza de la ciudadanía, debe demostrar que puede vencer su propia inercia. Cada día de retraso es un día más en que Arequipa posterga su derecho a una salud pública de calidad.