El Ministerio Público del Perú confirmó el cierre de la investigación sobre la presunta red de prostitución en el Congreso de la República del Perú; sin embargo, aclaró que esta decisión no implica un archivo definitivo, ya que el caso podría reabrirse en caso aparezcan nuevos elementos de convicción relevantes.

La fiscal Evelyn Taboada, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, explicó que la investigación se mantuvo activa durante un año y comprendió más de 100 diligencias. No obstante, no se hallaron pruebas suficientes que acrediten los delitos de explotación sexual y favorecimiento a la prostitución en agravio de las extrabajadoras parlamentarias Andrea Vidal e Isabel Cajo.

“Esta disposición ha sido puesta en conocimiento de las partes procesales. En el caso de las agraviadas, se notificó a la madre de quien en vida fue Andrea Vidal y al abogado de la señorita Isabel Cajo. Ninguno de ellos ha presentado recurso de elevación de actuados, lo cual indica que están conformes con la decisión”, señaló Taboada.

La magistrada precisó que el caso no está cerrado de forma definitiva y que el Ministerio Público está dispuesto a recibir nueva información. “Este caso puede ser reabierto si se hallan nuevos elementos que justifiquen continuar las investigaciones. Si entre la opinión pública existiera algún elemento o testimonio adicional, puede ser remitido a nuestra fiscalía para su evaluación”, indicó.

Cabe recordar que esta investigación es independiente del proceso por la muerte de Andrea Vidal, caso que continúa en la Fiscalía Penal de La Victoria bajo la tipificación de homicidio calificado.

El Ministerio Público inició la indagación en diciembre de 2024, luego de las denuncias periodísticas que surgieron tras el fallecimiento de Vidal. En esta carpeta fiscal figuraban como investigados algunos funcionarios del Parlamento, entre ellos el exjefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres.

La fiscalía reiteró que se mantiene abierta a revisar cualquier información adicional que permita esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las presuntas víctimas.