Piden destitución de Corvetto por presunto mal uso de S/80 millones en franja electoral
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, fue denunciado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el congresista Edwin Martínez Talavera, quien solicita su destitución por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados a la franja electoral y por supuesta negligencia en la implementación del sistema de voto digital.
DENUNCIAN A TITULAR DE ONPE
La denuncia sostiene que Piero Corvetto permitió el mal uso de S/ 80 millones asignados a la difusión de propaganda electoral durante el actual proceso de comicios generales. Según el documento, el titular de la ONPE incumplió su responsabilidad de reglamentar y supervisar el uso de dichos fondos, conforme al artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas, al no establecer mecanismos suficientes que previnieran el direccionamiento o la asignación irregular de recursos a personas o empresas vinculadas a partidos políticos.
Uno de los casos citados en la denuncia involucra al partido Ciudadanos por el Perú (CPP), que —a pesar de no contar con candidatos habilitados— habría recibido cerca de S/ 1 millón de fondos públicos para la franja electoral. El congresista Martínez calificó el hecho como un “derroche inaceptable de recursos del Estado”, señalando que la falta de control permitió el uso de dinero público en campañas sin sustento, afectando la equidad en la competencia política.
“El jefe de la ONPE no puede actuar como un mero espectador o cajero electrónico. Tiene la obligación de custodiar los recursos públicos y garantizar su correcta aplicación. Lo ocurrido demuestra falta de diligencia y permisividad ante posibles conflictos de interés”, sostuvo Martínez.
El legislador además cuestionó que la ONPE continuara desembolsando fondos incluso después de haberse detectado irregularidades, lo que, en su opinión, agrava la responsabilidad administrativa del titular del organismo.
CUESTIONAMIENTOS POR VOTO DIGITAL
El documento presentado ante la JNJ también acusa a Corvetto de negligencia en la implementación de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD), proyecto impulsado por la ONPE como parte del proceso de modernización electoral. Según la denuncia, la iniciativa careció de estándares mínimos de seguridad informática y de validación técnica, lo que llevó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a observar y desaprobar su ejecución.
“El fracaso del voto digital afecta directamente a millones de peruanos que esperan una alternativa tecnológica segura para ejercer su derecho al sufragio, tanto en el país como en el extranjero”, señala el documento.
Martínez argumentó que esta situación revela una gestión ineficiente, que no solo compromete la transparencia del proceso electoral, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la limpieza del voto. “Estamos ante una falta grave que no puede quedar impune. La pérdida de confianza en la autoridad electoral pone en riesgo la legitimidad de las Elecciones 2026”, advirtió.
De acuerdo con la denuncia, la actuación del jefe de la ONPE trasciende el ámbito administrativo, ya que compromete la confianza ciudadana en el sistema electoral peruano. “La ONPE es la entidad encargada de resguardar la neutralidad y la equidad en la competencia política. Cualquier desvío de recursos o negligencia en su gestión afecta la estabilidad democrática del país”, enfatiza el documento remitido a la JNJ.
Hasta el momento, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no se ha pronunciado oficialmente sobre la admisión de la denuncia ni sobre la apertura de un proceso disciplinario. Desde la ONPE, fuentes cercanas al despacho de Corvetto señalaron que el titular del organismo prepara un informe de descargos, en el que defenderá la transparencia y legalidad de su gestión.
Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la fiscalización del financiamiento público de los partidos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que los recursos del Estado sean utilizados con fines partidarios o particulares.
