Por Jorge Turpo R.

Contrario a lo que sostienen algunos defensores de la minería informal, los distritos donde predomina esta actividad registran menores avances en desarrollo humano que aquellos con minería formal o sin actividad minera, según un estudio de Videnza.

SE EXPANDE EN 221 DISTRITOS DEL PAÍS

Durante años se ha repetido un argumento que busca justificar la expansión de la minería informal y ilegal en el Perú: que esta actividad genera ingresos directos para las poblaciones cercanas y dinamiza las economías locales. Sin embargo, un reciente estudio de Videnza Instituto pone en duda esa afirmación.

El análisis concluye que los territorios donde predomina la minería no formal no muestran mejoras significativas en su desarrollo humano y, en algunos casos, incluso registran retrocesos en indicadores sociales clave.

El informe titulado “Estudio sobre la minería formal y no formal y su impacto en el desarrollo territorial” analiza información económica y social de los distritos del país desde 2018 en adelante.

La investigación compara territorios con minería formal, distritos con predominio de minería informal o ilegal y zonas donde no existe actividad minera.

Los resultados evidencian que la presencia de minería no formal no se traduce en mejores condiciones de vida para las poblaciones locales.

Para realizar el estudio, los especialistas de Videnza cruzaron información de diversas bases de datos públicas. Entre ellas figuran el catastro del REINFO, registros de concesiones mineras del INGEMMET, el mapa de distribución del canon minero del Ministerio de Economía y Finanzas y la base territorial del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Con ese conjunto de información se logró identificar qué tipo de minería predomina en cada distrito del país y comparar sus niveles de desarrollo.

El estudio revela que en el Perú existen 221 distritos donde predomina la minería informal, frente a apenas 85 distritos donde la actividad predominante es la minería formal.

Además, se identificaron 380 distritos donde coexisten ambas modalidades y 214 distritos donde la minería formal tiene mayor presencia. Este panorama evidencia que la minería no formal se ha expandido de manera significativa en el territorio nacional.

Para medir el impacto real de estas actividades en la calidad de vida de las personas, los investigadores compararon el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel distrital.

Este indicador, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evalúa tres dimensiones fundamentales: esperanza de vida, nivel educativo e ingreso per cápita de los hogares.

Los resultados muestran una tendencia clara. Los distritos donde predomina la minería formal y aquellos donde no existe actividad minera registran, en promedio, los valores más altos de desarrollo humano.

En cambio, los territorios donde predomina la minería informal presentan indicadores más bajos o un crecimiento más lento en sus niveles de desarrollo.

Entre 2019 y 2024, por ejemplo, los distritos con minería formal fueron los que más incrementaron su índice de desarrollo humano. En segundo lugar se ubicaron los distritos no mineros. Más atrás quedaron los territorios donde predomina la minería informal y, finalmente, aquellos donde ambas actividades coexisten.

El estudio también revela que la expansión de la minería no formal en los últimos años ha tenido un impacto negativo en el desarrollo local, especialmente en los distritos donde esta actividad convive con operaciones formales. En estas zonas se detecta una asociación negativa con el índice de desarrollo humano, lo que sugiere que la proliferación de actividades informales podría estar deteriorando las condiciones sociales de esos territorios.

Los investigadores también evaluaron otros indicadores vinculados a la actividad minera, como la densidad de registros en el REINFO o la presencia de concesiones mineras extinguidas. En varios casos se encontró que distritos con registros de actividad informal, pero sin producción oficial reportada, presentan niveles más bajos de desarrollo humano, lo que refuerza la hipótesis de que la minería ilegal no contribuye al progreso de las comunidades.

Otra conclusión relevante del estudio es que la minería informal no necesariamente se instala en zonas pobres para generar desarrollo. Por el contrario, los investigadores sugieren que los mineros informales tienden a establecerse en territorios que ya cuentan con mejores condiciones económicas o infraestructura básica, lo que genera una relación compleja entre informalidad minera y desarrollo territorial.

En síntesis, el informe desmonta uno de los argumentos más difundidos en defensa de la minería informal. Los datos muestran que la actividad no formal no genera un desarrollo diferencial en los distritos donde opera.

Ni los ingresos familiares, ni el acceso a educación, ni la esperanza de vida presentan mejoras que permitan afirmar que esta actividad contribuye al bienestar de la población.

Por el contrario, la evidencia sugiere que la expansión de la minería ilegal puede convertirse en un factor que ralentiza el crecimiento social y económico de los territorios. En un país donde la minería es una de las principales actividades productivas, la diferencia entre formalidad e informalidad no solo es un asunto legal o económico, sino también una cuestión de desarrollo para millones de peruanos.