Amplían estado de emergencia en distritos de 14 regiones.

El Gobierno dispuso la prórroga del estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en diversos distritos de 14 regiones del país, ante el peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales que continúan afectando varias zonas del territorio nacional.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 059-2026-PCM y entrará en vigencia a partir del 26 de abril. Esta decisión busca garantizar la continuidad de acciones inmediatas y necesarias para reducir riesgos, atender emergencias y proteger a la población vulnerable.

Los distritos comprendidos en esta prórroga pertenecen a regiones como Arequipa, Áncash, Lima, Piura, Cajamarca, Junín, entre otras, donde se han registrado lluvias intensas, desbordes de ríos y riesgos de huaicos.

Según el Ejecutivo, esta ampliación permitirá continuar con trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, así como el despliegue de ayuda humanitaria, maquinaria y recursos logísticos. Estas acciones serán coordinadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con la participación de diversos ministerios, gobiernos regionales y municipalidades.

La norma se sustenta en informes técnicos elaborados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el Indeci y autoridades regionales, que advierten sobre la persistencia de condiciones climáticas adversas.

De manera complementaria, el Ejecutivo también prorrogó el estado de emergencia en el distrito de Independencia, en la provincia de Huaraz, región Áncash, mediante el Decreto Supremo N.° 060-2026-PCM. En este caso, la medida responde al peligro inminente por contaminación hídrica.

Esta disposición, que regirá desde el 27 de abril por 60 días, permitirá ejecutar acciones específicas orientadas a mitigar riesgos sanitarios y garantizar el acceso a agua segura para la población.

El Gobierno reiteró que continuará monitoreando la situación en todo el país y adoptando medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los ciudadanos frente a los efectos de los fenómenos climáticos.