Por: Carlos Meneses

Porque cuando una carretera estratégica queda paralizada, no se trata solo de un problema técnico. Se trata de una falla institucional que afecta directamente el desarrollo de toda una región.

El cierre del puente de Uchumayo no solo generó un colapso vehicular sin precedentes en uno de los principales accesos a Arequipa. También abrió una pregunta inevitable que hasta ahora nadie responde con claridad: ¿quiénes son los responsables de esta crisis vial?

Miles de ciudadanos quedaron atrapados durante horas en la carretera. Camiones con productos, buses interprovinciales y vehículos particulares formaron interminables filas para ingresar a la ciudad. El impacto fue inmediato: pérdidas económicas, retrasos en actividades laborales y una evidente frustración ciudadana. Sin embargo, mientras los usuarios sufrían las consecuencias, las instituciones involucradas parecían más preocupadas en deslindar responsabilidades que en asumirlas.

La concesionaria Covisur, encargada de la administración de esta vía nacional, tiene un contrato vigente que le exige garantizar el mantenimiento permanente de la infraestructura. Esa es, precisamente, la esencia de una concesión: que la empresa privada gestione, supervise y preserve la carretera para evitar que el deterioro llegue a niveles críticos.

Por ello resulta difícil aceptar que el deterioro de una estructura tan importante haya sido detectado recién cuando la única salida era cerrar el tránsito. Un puente no colapsa de un día para otro ni se vuelve inseguro de manera repentina. El desgaste es progresivo y, por lo tanto, detectable con evaluaciones técnicas oportunas.

Si la estructura llegó a un punto que obligó a clausurar la vía sin un plan de contingencia previamente preparado, entonces es legítimo preguntarse qué ocurrió con los controles, los informes técnicos y las acciones de mantenimiento que debieron ejecutarse con anticipación.

Pero la responsabilidad no puede recaer únicamente en la empresa concesionaria. El Estado también tiene un rol fundamental. Las concesiones no significan que el sector público renuncie a su capacidad de supervisión. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional tienen la obligación de fiscalizar permanentemente el cumplimiento del contrato y verificar que la infraestructura se mantenga en condiciones adecuadas.

Cuando la supervisión es débil o tardía, las fallas terminan afectando directamente a la población.

A ello se suma un problema recurrente en la gestión pública local: la falta de coordinación entre autoridades. La emergencia vial reveló nuevamente las dificultades para articular acciones rápidas entre el gobierno regional, las municipalidades y las entidades del gobierno central. Mientras tanto, la ciudad soporta las consecuencias de decisiones tardías.

La llegada de un puente modular permitirá restablecer el tránsito en unas semanas, pero esa solución temporal no debe servir para cerrar el debate. La crisis de Uchumayo exige algo más que una salida provisional.

Arequipa necesita respuestas claras y responsabilidades concretas. Si hubo negligencia en el mantenimiento de la vía, corresponde aplicar sanciones. Si falló la supervisión del Estado, también debe asumirse esa responsabilidad.