A puertas del tramo final de la contienda electoral, el Congreso parece haber decidido elevar aún más el umbral de la irresponsabilidad fiscal. La reciente aprobación de dos normas, una que amplía beneficios pensionarios para militares y policías y otra que incorpora gratificaciones y CTS para trabajadores CAS—confirma que ya no estamos ante episodios aislados, sino frente a un patrón cada vez más evidente: el avance acelerado de medidas de corte populista que crean obligaciones permanentes de gasto sin financiamiento sostenible ni evaluación integral de sus efectos sobre las finanzas públicas.

Ambas medidas comparten una característica central: incrementan rigideces presupuestales permanentes en un contexto donde el espacio fiscal peruano ya viene siendo erosionado por decisiones legislativas acumulativas. Además, generan inequidades en la atención de derechos laborales o previsionales.

La ley sobre el régimen pensionario militar y policial reintroduce, en la práctica, elementos propios de la lógica de cédula viva: establece que con 30 años de servicio la pensión de retiro equivaldrá al 100% de la remuneración consolidada del grado en actividad, reemplazando el esquema actual cuya tasa base es de 55%. Además, incrementa el aporte del Estado de 6% a 10% y amplía beneficios de sobrevivencia.

El costo fiscal estimado por el Poder Ejecutivo asciende a S/ 14 851 millones en valor presente, considerando únicamente a los actuales afiliados del sistema (99 566 beneficiarios), cifra que crecerá conforme ingresen nuevos efectivos. De ese total, S/ 12 950 millones corresponden al incremento de pensiones y S/ 1 901 millones al mayor aporte estatal. 

El problema no es solo el costo acumulado, sino su persistencia. Aunque el impacto anual inicial es gradual, hacia el año 35 el costo anual alcanzaría S/ 3 875 millones, en un sistema que ya hoy recibe subsidios estatales por S/ 4,9 mil millones anuales, pese a representar solo el 14% de pensionistas financiados por el Estado. 

A ello se suma la aprobación de gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, una medida de impacto inmediato sobre gasto corriente. La norma incorpora dos gratificaciones anuales equivalentes a una remuneración mensual y CTS calculada sobre el 100% de la remuneración por cada año trabajado al término del vínculo laboral. Según datos de Servir, en el país existen 373 233 trabajadores bajo régimen CAS, y el costo anual estimado de esta medida bordea S/ 3 000 millones, de los cuales S/ 2 000 millones corresponden a gratificaciones y S/ 1 000 millones a CTS. 

Aquí el efecto es inmediato: se incrementa gasto permanente en planilla pública sin que exista una reforma integral del empleo público que ordene la convergencia de regímenes laborales. Ese es justamente el patrón que el Consejo Fiscal viene advirtiendo. En su reciente Nota de Discusión, señala que el actual Congreso ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal adverso, cifra que triplica periodos parlamentarios previos. Además, identifica 352 iniciativas legislativas pendientes con potencial impacto negativo, y estima que solo las diez de mayor costo generarían al menos S/ 25 mil millones anuales adicionales. 

Entre ellas figuran propuestas de alto costo como las vinculadas a beneficios previsionales y laborales del sector Educación, incluyendo iniciativas sobre pensiones docentes, nombramientos automáticos y bonificaciones permanentes. 

El riesgo es claro: cuando se suman normas previsionales, laborales y remunerativas aprobadas sin financiamiento estructural, el problema deja de ser sectorial y se convierte en macrofiscal. El propio Consejo Fiscal advierte que, de mantenerse esta tendencia, la deuda pública podría acercarse a 70% del PBI hacia 2036, muy por encima de la trayectoria prevista en el Marco Macroeconómico Multianual. 

El reconocimiento de derechos laborales o previsionales debe proteger el criterio de universalidad; es decir, que responda a principios generales de equidad y consistencia dentro del sistema, y no a decisiones fragmentadas que otorgan beneficios particulares a determinados grupos sin una evaluación integral de sus implicancias fiscales y distributivas. Además, aprobar estas medidas fiscalmente insostenibles termina reduciendo capacidad futura para financiar infraestructura, salud o educación. La sostenibilidad fiscal rara vez se quiebra por una sola gran decisión. Más frecuentemente se erosiona por muchas decisiones políticamente atractivas, fiscalmente permanentes y técnicamente insuficientemente evaluadas.